El Gobierno de Canarias ha recibido 4.508 peticiones de ayuda de personas damnificadas por la erupción de La Palma. En los últimos días, una cifra ha eclipsado las necesidades urgentes de estas familias: los 130 casos de supuesto intento de fraude para acceder a una vivienda nueva. El presidente regional, Ángel Víctor Torres, aseguró en el programa Informe Trópico, de Radio Televisión Canaria, que las viviendas y el dinero para los afectados por el volcán se estaban repartiendo lo más rápido posible. Sin embargo, aseveró que la detección de algunos engaños había obstaculizado y ralentizado la resolución de los expedientes.
Los datos del Instituto Canario de Vivienda cifran en un 10% los supuestos fraudes en las peticiones para acceder a una casa. Hay quienes han dicho que han perdido su hogar sin matizar que era heredado, afirmó Torres. Otro de los supuestos con los que los trabajadores se han encontrado son personas que entregan una cuenta corriente para recibir las ayudas sin especificar que están en un contexto de divorcio con bienes gananciales.
Fuentes que trabajan en la Casa Massieu han señalado a esta redacción que ha habido familias de padres e hijos que vivían en la misma residencia el 19 de septiembre y ahora dicen que residían en domicilios distintos para poder acceder a más de una casa. Solo en una ocasión alguien ha asegurado haber perdido una vivienda cuando no era cierto.
A pesar de estos ejemplos, el presidente canario sostuvo en Informe Trópico que la oficina instalada en Los Llanos de Aridane es “garantista”. El 90% de las solicitudes sí son correctas. Las ayudas ya entregadas ascienden a 227 millones de euros en total, según el último balance del Ejecutivo autonómico. De esta cifra, 102,3 millones de euros se han materializado en la compra de viviendas y el alojamiento de las personas desplazadas a hoteles. El resto se ha invertido en ayudas de apoyo al empleo, a autónomos, empresas, sectores económicos como el platanero o el pesquero, así como en la instalación de las desaladoras, entre otros.
La polémica sobre la supuesta falsificación de documentos para obtener una vivienda pública ha afectado también a esta amplia mayoría de personas que sí necesitan apoyo material tras la erupción. “Las personas lo comentan. Sienten que van a pagar justos por pecadores y tienen incertidumbre sobre cómo se va a desarrollar todo esto”, explica la psicóloga Estefanía Martín.
La profesional lleva desde el 19 de septiembre acompañando a los damnificados. En los últimos meses han pasado por diferentes fases que podrían equipararse a las etapas de un duelo. La primera, la negación. La segunda, la frustración. Ahora, cuando el volcán se ha apagado y La Palma se ha vaciado de medios de comunicación y de visitas oficiales, llega el miedo al abandono.
“Tienen miedo y se sienten desamparados porque no entienden cómo una persona se puede colar en el sistema. Vienen buscando respuestas a una pregunta que no podemos ofrecerles. Solo podemos ayudarles a racionalizar esos pensamientos y a continuar con la lucha”, apunta.
El revuelo que han ocasionado estos supuestos fraudes han agravado las murallas que las propias familias afectadas se han impuesto para pedir ayuda. “Hay muchas que lo necesitan y no lo piden por vergüenza a pedir. Son perfiles de personas que han estado bien económicamente toda su vida y ahora sienten que están mendigando”, señala Martín. Los psicólogos trabajan cada día para romper este mito, transformando la idea de “mendigar” en “solicitar” lo que a los palmeros les corresponde.
Mientras el volcán estaba vivo y ahora también después de la erupción, los vecinos se enfrentan a un engorroso enjambre burocrático para probar el daño material que la lava provocó en sus vidas. Frente a la Casa Massieu se amontonaban día tras día decenas de personas cargadas con documentos. Muchas de ellas, para probar que en su terreno había una vivienda en lugar de dos.
La abogada Dulce García explicó a este periódico en octubre que en La Palma, al igual que en otras zonas rurales de Canarias, es frecuente que todos los miembros de una misma familia construyan viviendas diferentes en un mismo solar. “Muchas pueden ser construcciones legales y aseguradas, pero no es lo habitual”, reconocía García. Ya entonces los abogados recomendaban a las distintas unidades familiares que lucharan para demostrar que esas construcciones eran la residencia habitual de cada una de ellas. “De lo contrario, muchos damnificados quedarían excluidos de las ayudas estatales, a pesar de no tener recursos”.
Estas dificultades para demostrar el daño real sufrido hacen que algunos trabajadores de la Casa Massieu prefieran no pronunciarse sobre los fraudes. “Es algo muy grave”, señalan.
