Esto es lo que parece desprenderse del debate político suscitado en torno a la reforma laboral. Desde varios frentes se sugiere o, al menos así lo entiendo yo, que la valoración, más o menos positiva o negativa, de esta reforma dependerá de qué formaciones sostengan al Gobierno. De modo que, si son los grupos parlamentarios de la izquierda, estos que vienen apoyando al Gobierno en los momentos clave, quienes voten a favor, cabrá calificar la norma como progresista, valiente, transformadora… En tanto que, si estas fuerzas de izquierdas se muestran contrarias y la norma se aprueba con el apoyo de otros grupos, habría que deducir que nos hallamos ante una norma escasa y decepcionante.
No es así como yo veo la cuestión. La norma es la que es y habrá de valorarse en sí misma, con independencia de los apoyos que concite. Y ello, teniendo particularmente en cuenta el siempre difícil equilibrio político, los movimientos tácticos y los cálculos – de todos – que muchas veces desconocemos, pero que hábil y tristemente intuimos.
Pues bien, como es archisabido y comentado, a cuatro días del debate parlamentario para la convalidación del “Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo” – este es el título completo de la norma que aprueba la llamada “reforma laboral” -, aún no se conoce a ciencia cierta su futuro.
Se ignora todavía, aunque es de suponer que sí, si la norma obtendrá la mayoría – simple – del Congreso en ese debate y votación sobre su convalidación. Se ignora también, en caso de obtenerla, quién conformará dicha mayoría, al margen de los dos grupos parlamentarios alineados con los partidos que forman el Gobierno de coalición.
La norma, es claro, tiene, como casi todo en esta vida, pros y contras, así, de entrada, sin pasar a su análisis concreto. El principal pro es evidente: parte este RDL de la legitimidad que le proporciona el haber sido acordada la reforma en el marco del diálogo social tripartito y ser sostenida y defendida por los agentes sociales. El contra también es evidente: no responde – o no en su mayor parte, desde luego – a las expectativas generadas tanto por el texto del Acuerdo entre PSOE y UP para el Gobierno de coalición ni a las reiteradas palabras de la Ministra Díaz e incluso del Presidente Sánchez en el sentido de que se iba a “derogar la reforma laboral de 2012” .
Pero resulta que, además, a la legitimidad del diálogo social ha de unírsele, sin duda, la legitimidad de la mayoría parlamentaria que la apruebe: se trata de sumar y completar legitimidades, no de restarlas o de sustituir una por otra.
Tengo que reconocer que, en este sentido, me siento algo confusa. En efecto, de un lado escucho cada día decir que el Gobierno no va a permitir tocar ni una sola coma del Acuerdo, en aras a mantener el sostén que ha recibido de patronal y sindicatos, y escucho también a representantes con gran experiencia parlamentaria exigir modificaciones en el texto de este RDL. Y esto me sume en la perplejidad, ya que el debate sobre la convalidación o derogación de un RDL no permite, salvo error por mi parte, la introducción de modificaciones en la norma que se somete al control del Congreso. A salvo que el Gobierno se esté refiriendo al hablar de la inamovilidad de esta norma a cerrar la puerta a su posible tramitación como proyecto de ley, algo que, desde el punto de vista del debate y la participación democrática resulta, en mi opinión, altamente decepcionante.
Bueno, y en la hipótesis más probable, la de que el RDL sea convalidado el jueves, ¿habrá merecido la pena la reforma?, ¿tiene el calado suficiente para revertir la situación y ser garantía de la estabilidad en el empleo y para la transformación del mercado de trabajo, como afirma en su título y ampliamente desarrolla en su Exposición de Motivos?.
Esto es también discutible. Partamos de una realidad: desde su aprobación en 1980, el Estatuto de los Trabajadores - ET - ha sido modificado en unas cincuenta ocasiones. ¡Ahí es nada!. Y me atrevo a decir que todas ellas, o prácticamente todas - con especial significación desde mi punto de vista las de 1994 con Gobierno del PSOE y 2012 con Gobierno del PP -, han introducido contenidos claramente regresivos desde la perspectiva de las personas trabajadoras, su estabilidad en el empleo, la precariedad de sus situaciones laborales… y también desde la imprescindible defensa colectiva de tales derechos.
En este sentido, hay que subrayar que se trataría de la única modificación del ET o casi la única - por cautela y por no ser excluyente – que ha ampliado derechos. Por citar algunos aspectos y sin entrar en su detalle, se reformula la contratación, especialmente la temporal, reforzando las exigencias de causalidad para poder concertar estos contratos; se recupera la vigencia ultraactiva ilimitada de los convenios colectivos; se prevé que en las contratas el convenio aplicable será el del sector de la actividad de la empresa contratista; se amplían los ERTE y se crea ese mecanismo RED, lo que va a facilitar la flexibilidad interna para tratar de evitar extinciones de contratos...
Pero, claro, también han quedado temas sin tocar. Y esto es, seguramente, una de las clave del rechazo y de las dudas acerca de esta norma. Sorprende que no se aborde ninguna modificación sobre el despido, en ninguna de sus modalidades y supuestos, y eso que la reforma de 2012 tuvo una gran incidencia en esta materia, reformulando, por ejemplo, las causas de los despidos por crisis empresariales y rebajando la cuantía de la indemnización en caso de despido improcedente – injusto, para entendernos -. Y también es preocupante que, en materia de la externalización productiva, no se haya ido más allá, como cabía esperar.
¡Y qué decir de las reivindicaciones de los grupos parlamentarios nacionalistas vascos y catalanes!. Pues que parece más que razonable que los convenios colectivos de ámbito autonómico – muy escasos en Euskadi, todo hay que decirlo - prevalezcan sobre los de ámbito estatal, aunque todo ello esté revelando una lucha sindical evidente.
Esto es lo que tiene el acuerdo, el pacto, el compromiso: que no es al 100% de nadie ni satisface por entero a ninguna de las partes. Pero esto es un “todo el mundo gana” o, al menos, “nadie pierde ni es especialmente humillado”.
La cuestión es si se debió hacer más, si el Gobierno debió haber aprobado una reforma incluso sin el acuerdo de la patronal, como parecía desprenderse de todas las expectativas generadas. Y, sobre todo, si el Gobierno acertó al mantener y verbalizar insistentemente, casi hasta el final, su compromiso con la derogación de la reforma de 2012. ¿Realmente esto ha sido inteligente?. ¿Realmente no se sabía ya desde hace tiempo que no iba a – y, a lo mejor, no podía - ser así?. ¿Es tan pretencioso pedir que se nos trate con mayor deferencia y respeto?.
Por último, solo queda recordar que la vida de una norma no termina sino que comienza el día de su publicación en el BOE y que, para su cumplimiento y el logro de sus objetivos y fines, en este caso, será imprescindible que los agentes sociales sigan acompañando su recorrido y que se preste atención a la interpretación de los Tribunales que, también sin duda, están llamados a esta fiesta, en relación con una norma que, como todas, habrá de aplicarse a miles de casos concretos cada día.
En cualquier caso, ante esta norma, como es siempre exigible, ha de pedirse la máxima responsabilidad a todo sujeto llamado a decidir sobre su aprobación Y, desde luego, esta reforma es la que es – la que cada cual entienda que es -, desde el día de su publicación en el BOE, la vote Agamenón o la vote su porquero.
