El derrame de 6.000 barriles de crudo en el mar peruano manchó las costas de Lima el 15 de enero como una lengua de agua negra que todavía no se ha borrado. Las consecuencias ambientales que causó la falla en la descarga de petróleo en las tuberías de la refinería La Pampilla, de la empresa petroquímica Repsol, todavía no se conocen por completo.
José De Echave es doctor en Economía, especializado en medioambiente y ocupó el cargo de viceministro de Gestión Ambiental durante el gobierno de Ollanta Humala en 2011. Por sus diferencias con la estrategia ambiental del Gobierno estuvo en el puesto poco tiempo, pero no se alejó de la política. En 2021, se presentó en las elecciones generales como candidato a vicepresidente por el partido Juntos por el Perú, de la candidata de centro izquierda Verónika Mendoza.
"Está claro que los protocolos no han funcionado. La empresa tendría que demostrar y ser transparente sobre lo que pasó", dice De Echave desde Lima. "Hemos visto que la tecnología falló, que los sistemas de alerta fallaron y que los planes de contingencia también han fallado".
¿Cuál es el impacto ambiental del derrame de petróleo en las costas peruanas?
Estamos hablando del derrame de petróleo más grave de toda la historia del país. No es la primera vez que sucede, pero sí es el más importante. En la primera versión, la empresa dijo que derramaron siete galones. Ahora pasaron a 250.000. Esa es la última cifra que se conoce. Estamos hablando de 6.000 barriles de petróleo derramados y el área afectada es de casi 2.000.000 de metros cuadrados, cuando inicialmente dijeron que eran 18.000 metros cuadrados. Entonces sí, la situación es grave y además evidencia que la empresa no brindó en el inicio la información necesaria para entender la magnitud del problema.
Además del impacto ambiental, ¿cuáles son las consecuencias sociales?
Estamos hablando de un impacto social y económico muy importante porque en esta es una zona de pesca artesanal, por eso la actividad económica pesquera se verá seriamente afectada. Este verano (austral) en el Perú será el verano de Repsol. Por eso, esta catástrofe ecológica tiene un impacto ambiental muy importante pero también tiene un impacto social y económico muy fuerte.
¿Qué grado de responsabilidad tiene Repsol?
No tengo la menor duda que es el principal responsable. La empresa manifestó la versión de que el derrame se había producido por un oleaje anómalo como consecuencia de la erupción de un volcán en el Pacífico pero está claro que, con los reportes últimos, no había oleaje anómalo. Hoy en día, la principal hipótesis que se maneja es que el derrame ha sido ocasionado por la ruptura de la conexión entre el buque tanque y el terminal boyas número dos de la empresa. Ese es el motivo y no el oleaje anómalo o la erupción del volcán. Entonces, desde mi punto de vista, es clara la responsabilidad de la empresa.
¿Se podría haber evitado?
Sí, sin duda alguna. Estamos hablando de operaciones de riesgo de un empresa que lleva años operando en esta zona. El desembarco de crudo para abastecer a la refinería es una operación de riesgo por el ecosistema que está involucrado en la actividad. Por eso, deberían existir todos los protocolos necesarios para que, cuando se produzca una situación extraordinaria existan los mecanismos adecuados para evitar daños mayores. Está claro que los protocolos no han funcionado. La empresa tendría que demostrar y ser transparente sobre lo que pasó.
¿En dónde vemos que los protocolos no funcionaron?
Cuando ocurren estos este tipo de incidentes, hay diferentes fases en las cuales los protocolos de seguridad tienen que tienen que operar. Una primera fase es la contención. Una vez que se produce el derrame, una tarea central principal es contener. Y eso no pasó, la mancha de petróleo ha ido trasladándose. Lo segundo es que, en paralelo de la contención, tienen que comenzar a implementarse niveles de limpieza en las zonas afectadas. La manera tan rudimentaria de cómo la empresa ha implementado todo el proceso de limpieza, sin equipamientos adecuados, tanto en la tierra como como en el mar, demuestran con mucha claridad que la empresa no ha reaccionado adecuadamente.
Cuando hablamos de actividad extractiva en el mar, estas empresas suelen decir que el riesgo es mínimo...
El argumento que siempre utilizan estas empresas es que el riesgo es mínimo porque dicen que hoy en día existe la tecnología adecuada. Pero en este caso hemos visto que la tecnología falló, que los sistemas de alerta fallaron y que los planes de contingencia también han fallado. Entonces el impacto ha sido mucho mayor porque se han conjugado todos estos factores.
¿Qué consecuencias podría tener esto para la compañía?
Yo esperaría que sea drásticamente sancionada. Lamentablemente, la legislación peruana no es lo suficientemente drástica para situaciones como estas. Por eso, creo que esta es una buena oportunidad para que en el Perú revisemos nuestro marco regulatorio, los mecanismos de evaluación y, por supuesto, también los mecanismos de sanción. Hay un conjunto de procesos que, una vez que esté claro cuál es el grado de responsabilidad de la empresa, deberán aplicarse. También podrán abrirse procesos civiles y penales y no habría que excluir un proceso a nivel internacional.
Y no es la primera vez que pasa...
Es inaceptable que en los últimos 20 años en el Perú se hayan producido casi 500 derrames en la Amazonía, que en tiempos de pandemia se hayan que hayan continuado los derrames en la Amazonía y también en la zona marino costera. Estos hechos ya no pueden ser considerados como accidentes, forman parte de una situación de riesgo producto de estas actividades extractivas.
¿Cómo analiza la respuesta del Gobierno peruano?
En primer lugar, el Estado peruano ha debido reaccionar con mayor energía y con mayor capacidad e iniciativa frente a una situación de emergencia. Pero no debemos olvidar que en los últimos años los marcos regulatorios vinculados al tema ambiental y la propia institucionalidad ambiental se han debilitado fuertemente. Los sectores empresariales, sobre todo aquellos vinculados a actividades extractivas como la minería y los hidrocarburos, han terminado por debilitar la institucionalidad ambiental y ampliar los límites permisibles. Por eso el Estado peruano se enfrenta a una situación de precariedad institucional. Creo que también ha faltado liderazgo político, sobre todo en el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas.
¿Cómo analiza la reacción del presidente Castillo?
En el caso del presidente, si bien ha habido una reacción que ha demorado un poco, entiendo que tanto la Presidencia del Consejo de Ministros como el propio presidente de la República están haciendo todos los esfuerzos posibles para que esta situación sea revertida lo antes posible. La situación exige que el presidente aplique con liderazgo un mensaje claro para sancionar con severidad a los responsables de este desastre ambiental e indemnizar a los afectados.
¿Qué lectura hace sobre el modelo extractivo en Perú?
Creo que esta catástrofe ambiental debería ser también vista como una suerte de oportunidad para que un país como el Perú pueda desarrollar un marco regulatorio mucho más eficiente. En estos últimos 20 o 25 años, el Estado peruano ha dado mucho espacio para que en la práctica las empresas se autorregulen. Pero en un país donde hay tanta actividad extractivas como la minería y los hidrocarburos tiene que haber un Estado que tenga capacidad de controlar, de regular, de fiscalizar y evidentemente también de sancionar cuando se da el caso. Eso implica fortalecer la institucionalidad y los marcos regulatorios que ya existen para generar esos equilibrios que están haciendo falta.
América Latina continúa basando su economía en una matriz extractiva, ¿es posible crecer económicamente y cambiar el modelo?
Es cada vez es más necesario. Hay que pensar a fondo en la transición energética, qué hacemos con los combustibles fósiles, cómo transitamos a una matriz energética diferente y cómo al mismo tiempo pensamos la matriz productiva desde una lógica de diversificación y sostenibilidad. Es una obligación pensar en escenarios de transición, cómo dejamos esa matriz productiva profundamente extractiva y comenzamos a construir una matriz productiva más diversificada y más amigable con los derechos de la naturaleza. Y, por supuesto, más respetuosa de los derechos de las poblaciones que sobre todo son poblaciones rurales, comunidades campesinas, pueblos indígenas y, en las zonas costeras, comunidades de pescadores artesanales.
¿Cree que esa es una tarea pendiente para un Gobierno de izquierda como el de Pedro Castillo?
Creo que esa es una tarea pendiente para un país como el Perú pero al mismo tiempo pendiente para toda América Latina. Esperamos que los gobiernos que están planteando cambios significativos no repitan los errores de la gran mayoría de gobiernos latinoamericanos en los últimos 20 o 25 años que se terminaron profundizando la dependencia con los sectores extractivos.
