Solo en la última semana, Unidas Podemos ha apoyado en el Congreso, y al margen de su socio de Gobierno, la creación de una comisión de investigación sobre el exministro del Interior Rodolfo Martín Villa, ha registrado otra sobre los abusos sexuales cometidos en la Iglesia católica española y ha presentado una reforma fiscal integral para subir los impuestos a las grandes fortunas y las eléctricas.
Prácticamente desde el inicio de la legislatura, la formación confederal ha encontrado en la Cámara Baja la vía para poder marcar un perfil propio en asuntos como la monarquía, la Iglesia o la memoria histórica frente a los socialistas, con quienes gobiernan. Todo ello con el objetivo de satisfacer a su electorado más izquierdista y consolidar sus alianzas con partidos nacionalistas e independentistas, socios habituales del conjunto del Ejecutivo pero que tienen una mayor afinidad ideológica con Unidas Podemos que con el PSOE, según valoran en la formación de Ione Belarra.
La iniciativa sobre Martín Villa fue presentada de hecho por EH Bildu, después de que el exministro protagonizara un desayuno informativo en el que reconoció que podía tener algún tipo de responsabilidad en crímenes cometidos por los cuerpos policiales cuando él era ministro, al inicio de la Transición. La propuesta llegó el martes a la Mesa del Congreso, donde la formación independentista no tiene representación y, aunque fue tumbada por la mayoría que suman PSOE, PP y Vox, Unidas Podemos se desmarcó una vez más de su socio de coalición y votó a favor de tramitar la propuesta de comisión de investigación.
Esa agenda propia llevó a la formación confederal un día después, el miércoles, a registrar la solicitud de otra comisión de investigación, la referida a los abusos en la Iglesia, junto a ERC y EH Bildu, y no con el PSOE. No obstante, los socialistas, cuyos votos en la Mesa del Congreso son decisivos para que la iniciativa salga adelante ante el previsible rechazo de PP y Vox, han abierto la puerta a apoyarla, aunque aún no han tomado una decisión definitiva.
El viernes Unidas Podemos también actuó al margen del PSOE y registró una reforma fiscal integral que contempla, entre otras medidas, sustituir el impuesto sobre el patrimonio por un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, no bonificable por las comunidades autónomas, "para evitar la existencia de paraísos fiscales interiores como el caso de Madrid", o un incremento en el tipo impositivo de las empresas eléctricas "cuyo volumen de facturación sea superior a 10.000 millones de euros".
Esta independencia de acción en el Parlamento ya fue regulada en enero de 2020 por PSOE y Unidas Podemos en el 'Protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo de gobierno progresista de coalición'. "Cuando los grupos parlamentarios deseen presentar proposiciones de ley, proposiciones no de ley, mociones o enmiendas a cualquiera de estos tres tipos de iniciativas que afecten a la acción del gobierno o a acuerdos explícitos alcanzados en el programa de Gobierno progresista, deberán comunicarlo con antelación suficiente al otro socio y se requerirá del acuerdo de ambos para su presentación así como para la posición conjunta de voto", apunta el documento.
Este supuesto afectaría a la propuesta de reforma fiscal, que sí tiene un apartado específico en el acuerdo de gobierno suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019. Para las medidas referidas a la Iglesia o Martín Villa, en cambio, regiría otro de los puntos pactados, que establece únicamente la obligación de informar "al representante parlamentario del otro grupo dentro de la dinámica de diálogo y coordinación permanente".
El terreno en el que Unidas Podemos ha querido marcar un perfil diferenciado respecto al PSOE ha sido en el de las cuestiones que afectan a la monarquía. Solo en la presente legislatura, la formación confederal ha respaldado hasta 15 comisiones de investigación sobre la figura de Juan Carlos I, huido a los Emiratos Árabes a raíz de las investigaciones sobre su fortuna opaca. Pero la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE, el PP y Vox, ha rechazado todas ellas, la última el pasado agosto.
Siguiendo el criterio de los letrados de la Cámara y los precedentes, la Mesa del Congreso siempre argumenta que los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, así como la interpretación que viene haciendo el Tribunal Constitucional de la inviolabilidad del Rey, no permiten admitir esa petición de comisiones de investigación, una lectura que no comparte la formación confederal, que considera que sí se puede investigar al emérito al menos por los presuntos delitos de evasión fiscal cometidos cuando ya no era rey.
Unidas Podemos también ha utilizado el Congreso para tratar de presionar a su socio de coalición. Así sucedió, por ejemplo, con la Ley de Memoria Democrática, a la que el grupo confederal presentó sus propias enmiendas, aunque luego consensuó otras con el PSOE. O con la propuesta de Ley de Vivienda de los colectivos sociales que Unidas Podemos registró en la Cámara Baja, junto a fuerzas independentistas, mientras negociaba en el seno del Ejecutivo una normativa al respecto con la parte socialista. Este gesto molestó sobremanera a los socialistas que, el pasado diciembre, forzaron a Unidas Podemos a retirar su firma de la propuesta, que no pudo iniciar la tramitación parlamentaria por falta de apoyos. Finalmente la nueva legislación pactada por los socios irá al Consejo de Ministros del próximo martes pese al informe contrario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE en el ámbito parlamentario también están quedando de manifiesto en las últimas semanas por las negociaciones con los socios sobre la convalidación de la reforma laboral, que se votará el próximo jueves. La formación confederal se ha mostrado abierta a introducir algunas de las modificaciones planteadas por partidos como ERC o EH Bildu a lo largo de la legislatura, con tal de asegurarse su voto a favor del texto consensuado entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Unidas Podemos quiere preservar esa relación con los independentistas a toda costa, a diferencia de los socialistas que aseguran no estar dispuestos a tocar una coma del decreto, aunque para ello tenga que pactar con partidos como Ciudadanos o UPN que incomodan a la formación confederal.
