No a la reforma laboral. No a todas las subidas del SMI. No al reparto de fondos europeos. No a la rebaja fiscal en la factura de la luz. No al incremento de impuestos a grandes empresas y salarios. El PP de Pablo Casado lleva instalado en el no a todo desde que arrancó la legislatura del Gobierno de coalición, en enero de 2020. Salvo el espejismo de los primeros embates de la pandemia, la determinación de la oposición es la de negar la mera posibilidad de que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez pueda hacer algo no ya bien, sino que no sea merecedora de un rechazo absoluto que acaba en inmediatas peticiones de dimisiones.
La estrategia es evidente, y Casado la puso en marcha incluso antes de la entrada de Unidas Podemos al Consejo de Ministros. Ya el primer Gobierno en solitario de Sánchez mereció la censura continua del PP, que se puso en primera fila en la famosa foto de Colón, en febrero de 2019, una estrategia que fue entonces criticada por el recientemente fallecido gurú sociológico de José María Aznar y Mariano Rajoy, Pedro Arriola.
Prescindir de sus servicios fue una de las primeras decisiones que tomó el presidente del PP cuando fue elegido para el cargo en el verano de 2018. Casado quería romper con el pasado más reciente de su partido, tanto orgánica como políticamente. Hoy son algunos de los responsables económicos de los gobiernos de Rajoy los que piden cuentas al jefe de su partido y quienes critican su posición de rechazo absoluto de las políticas del Gobierno.
Uno de los gestos más evidentes fue la fotografía de la exministra de Trabajo Fátima Báñez junto a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en una visita a la CEOE para mostrar su adhesión a la reforma laboral pactada por empresarios, sindicatos y Gobierno. La dirigente jerezana se vio con el presidente de ATA, Lorenzo Amor, cita a la que se sumó el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, quien este mismo 2022 se deberá someter a la reelección para mantener el cargo.
En ambos encuentros estuvo presente Báñez, autora de la normativa laboral en vigor desde 2012 cuya modificación votará el Congreso el próximo 3 de febrero. La exministra recaló en la CEOE, entre otros consejos, cuando la moción de censura de 2018 echó al PP del Gobierno. En las últimas semanas ha recuperado presencia pública para ayudar a Garamendi a capear el temporal interno que ha provocado la negociación de la reforma y cuya ratificación por la ejecutiva de la CEOE no fue unánime.
La estrategia de la patronal pasa por señalar que la reforma de Yolanda Díaz mantiene las líneas generales de la de 2012. Una tesis que compran en el PP, donde señalan que la propuesta del Gobierno apenas modifica "un 10%" de la ley vigente. Pese a ello, los de Casado se han posicionado en contra y no tienen ninguna intención de ayudar a su convalidación en el Congreso. Una postura que ha provocado no pocos roces entre el propio Casado y Garamendi, quienes han intentado aparentar en público una suerte de reconciliación que no concuerda con sus discursos ni con sus actos. Casado llegó a decir que la CEOE defiende "sus intereses", mientras el PP vela por "los intereses de España".
El líder del PP, que en un principio calcó la senda de la CEOE, pasó de asegurar que la reforma es "humo" a arremeter contra quienes le piden que se abstenga para evitar que el Gobierno negocie modificaciones con sus socios para recabar su apoyo. Después, se reunió con diferentes líderes empresariales de sectores y organizaciones que se han desmarcado de la reforma laboral pactada por Garamendi.
La respuesta del jefe de los empresarios fue la de arropar a Inés Arrimadas en plena precampaña de Castilla y León. La presencia de Báñez molestó mucho en la dirección del PP. Preguntada al respecto, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, deslizó que la exministra también se había saludado con Casado cuando este se reunió con Lorenzo Amor. Pero no hay fotos de dicho encuentro y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) asegura que solo hubo representantes de dicha organización.
La gestión de los fondos europeos se ha convertido en el otro frente abierto por el PP contra el Gobierno. En este caso, la estrategia de Casado pasa incluso por acusar a la Comisión Europea de no atender a sus obligaciones de control sobre el dinero que ha entregado a España, el país que más aportes ha recibido, de momento, a cuenta de la implementación de las reformas comprometidas y de los proyectos de inversión presentados.
Los de Casado vienen denunciando casi desde el primer día la ausencia de una "agencia independiente", en la que se dé cabida no solo al PP, sino también al sector privado, para decidir el reparto del dinero, algo que ahora mismo depende en exclusiva casi del Gobierno central, si bien una parte recae en las comunidades autónomas y estas, a su vez, deciden dónde acaba.
En varias ocasiones la Comisión Europea ha avalado la gestión que hace España de esos fondos. La última, tras una pregunta expresa de una eurodiputada del PP. La respuesta de los responsables económicos de Casado fue cargar contra el vicepresidente de la propia Comisión, el polaco Valdis Dombrovskis, por supuestamente no responder a lo que se le preguntaba. Tanto Dombrovskis como la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, son dirigentes del PP europeo.
Al cruce de reproches, de baja intensidad, entre el PP y la Comisión Europea se ha sumado de forma inopinada el exministro Cristóbal Montoro. Responsable de Hacienda en los gobiernos de Mariano Rajoy, y también parte del equipo económico de José María Aznar durante sus mandatos, Montoro incluso pasó por el Parlamento Europeo. En una entrevista en el PuntAvui, el exministro se lamenta de que el PP haya convertido la gestión de los fondos en un "enfrentamiento político".
Porque los fondos que recibe España provienen de una deuda mancomunada: por primera vez en la UE todos los estados se ponen de acuerdo en emitir una deuda mancomunada. "Es un paso fundamental en la integración europea", dijo Montoro. Un tono muy distinto al de la dirección económica del PP, que en un encuentro con periodistas el pasado miércoles vaticinaban un grave problema económico precisamente por esa deuda compartida por todos los países de la UE y anticipaban un regreso a la austeridad y los recortes que, en su opinión, el Gobierno debería poner ya en marcha.
Montoro lamentaba a continuación que "el debate en España se empequeñece cuando el Gobierno se lo apunta como un mérito suyo". El reproche al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez empequeñece ante el que hace a su todavía partido: "Y la oposición no se sabe lo que dice, en lugar de estar celebrando que son fondos de todos y que van sobre todo a los países que más hemos sufrido. En lugar de celebrarlo, lo convertimos en un enfrentamiento político".
