El consejo de la ciudad de San José aprobó un proyecto de ley que requerirá que los propietarios de armas paguen una tarifa anual y compren pólizas de seguro de responsabilidad civil.
El proyecto de ley fue aprobado en dos votaciones separadas el martes por la noche y se convirtió en el primero de su tipo en un país donde el derecho a poseer armas de fuego está consagrado en la Constitución y arraigado en la cultura.
Una concejala disintió en ambos puntos y dijo que el proyecto de ley puede ser inconstitucional. Predijo que no ayudaría a reducir la violencia armada, contrario a lo que argumentaban sus patrocinadores, ya que esta última a menudo proviene de quienes poseen armas ilegalmente. Dos miembros votaron solo en contra de las tarifas, citando preocupaciones sobre cómo se administrarían. El resto del cuerpo de 10 escaños votó a favor de la legislación.
El proyecto de ley fue presentado en 2019 por el alcalde Sam Liccardo después de que un tiroteo en un festival gastronómico de San José se cobró la vida de tres víctimas, dos de ellos niños, y dejó a otros 17 heridos. El alcalde dijo que los propietarios de armas deberían pagar tarifas para cubrir los costos de los contribuyentes asociados con la violencia armada, comparando la propuesta con las políticas que ya existen para los conductores de automóviles o los fumadores de tabaco.
Los defensores de los derechos de las armas se opusieron a la idea desde el principio y prometieron llevar a la ciudad a los tribunales si alguna vez se convertía en ley. Dicen que busca castigar de facto a los ciudadanos respetuosos de la ley por ejercer su derecho bajo la Segunda Enmienda en lugar de abordar las causas profundas de los delitos violentos.
A menos que sea anulado, el mandato entrará en vigor en agosto. El seguro cubre los casos de disparo accidental y aquellos en los que un arma de fuego se extravíe o sea robada a su legítimo propietario. La tarifa anual ascenderá a entre $ 25 y $ 35 y se pagará a una organización sin fines de lucro, que distribuirá el dinero entre los grupos que ofrecen servicios como asesoramiento para la prevención del suicidio y capacitación en seguridad con armas de fuego.
La ordenanza pionera establece excepciones para los policías activos y retirados, las personas con una licencia para portación oculta y las personas pobres que enfrentan dificultades financieras, que no podrían pagar los costos adicionales.
Se supone que la aplicación no debe ser proactiva, con controles de pagos realizados por la policía cada vez que se encuentran con un arma de fuego durante una investigación, de manera similar a la verificación de las licencias de conducir.
San José, una ciudad de más de un millón de habitantes, ha adoptado varias leyes recientemente para aumentar los controles de armas, incluida una que exige grabar en video todas las compras de armas y otra que exige que los dueños de armas guarden sus propiedades bajo llave cuando salgan de casa.
