Estas formaciones independentistas, junto con el BNG o la CUP, han rechazado de plano el acuerdo de patronal y sindicatos al considerar que no supone la derogación de la normativa laboral impuesta por el PP en 2012. En ese contexto, tanto ERC como Bildu han avanzado su intención de presionar al Gobierno de coalición para lograr modificaciones en el decreto ley aprobado el pasado 28 de diciembre.
Ese posible voto en contra de ERC, Bildu y BNG eleva a 164 votos la oposición al decreto ley, contando con el PP (88), Vox (52), UPN (2), Foro Asturias (1) y la CUP (2). Y el Gobierno arranca con 154 diputados --Unidas Podemos aún no ha hecho efectivo el relevo del diputado Alberto Rodríguez, inhabilitado por el Supremo--, y de momento sólo da por seguros los apoyos de los dos diputados del Partido Regionalista de Cantabria y de Nueva Canarias (NC), y presumiblemente de Teruel Existe.
En ese contexto, la posición del resto de formaciones es determinante para ver hacia qué lado se inclina la balanza. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha lanzado una oferta que abre al Gobierno un nuevo escenario. El partido naranja considera que el decreto ley es insuficiente, pero entiende que el acuerdo es para "darse con un canto en los dientes" y que "el peligro real" vendría con los posibles cambios que pudieran forzar ERC y Bildu.
Sus nueve diputados (el décimo abandonó la formación el pasado año y recaló en el Grupo Mixto) situarían al Gobierno por encima del bloque del 'no', con la victoria al alcance de la mano en la confianza de que el resto de grupos minoritarios se queden en la abstención.
El PDeCAT, que cuanta con cuatro votos, ya descarta el voto en contra. Su portavoz, Ferrán Bel, reconoce a Europa Press que su valoración de la reforma "de entrada, no es negativa", pues nace del acuerdo de sindicatos y patronal y no supone una derogación de la reforma del PP --CiU, partido original de esta formación, apoyó la reforma--.
Y es que Bel afirma que, de tramitarse como proyecto de ley, con la actual aritmética parlamentaria "puede salir cualquier cosa", por lo que ve más favorable una convalidación sin cambios. Eso sí, comparte una de las reivindicaciones planteadas por ERC y Bildu, la de la prevalencia de los convenios autonómicos en caso de resultar mejoras en las condiciones de trabajo.
El PNV también respalda esta modificación, llegando a elevarla su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, como una condición para poder dar su apoyo. "Sin que esto esté solucionado nosotros no vamos a apoyar la reforma", aseguró.
También busca esta modificación Junts (4), cuya portavoz, Elsa Artadi, ha reconocido que, en los términos actuales, tampoco puede darle apoyo.
Más críticos se muestran desde Más País-Equo, socio habitual del Gobierno, desde donde se reconoce que "aún las posiciones están alejadas" como para dar su aval en la votación en el Congreso.
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