Las Cortes Valencianas han fijado un plazo que expira el 2 de marzo próximo para que Hablamos Español entregue las 10.000 firmas que necesita para su Iniciativa Legislativa Popular de Proposición de ley de Libertad de Elección de Lengua en la Comunidad Valenciana, según ha informado la asociación en un comunicado.
El 22 de mayo de 2021 arrancaba esta recogida de apoyos, tras el parón obligado por la pandemia, ya que el estado de alarma fue declarado justo cuando daba comienzo.
«Llevar a cabo esta ILP durante una pandemia no ha sido fácil: A las dificultades generadas por la situación sanitaria, hay que añadir los requisitos leoninos que recoge la legislación de la Comunidad para la recogida de firmas a favor de las ILP», han subrayado.
Para poder recoger las firmas, la asociación ha tenido que designar fedatarios que han debido acreditarse ante el letrado mayor de las Cortes. Para ello, los voluntarios de Hablamos Español se han trasladado en sucesivos grupos a Valencia desde otras localidades de la Comunidad, aunque en Alicante pudieron organizarse dos actos de acreditación.
Solo estas personas pueden recoger las firmas, de manera que prácticamente se ha podido desarrollar esta campaña solo en las carpas que la asociación ha instalado los fines de semana, lo que ha ralentizado mucho el procedimiento. Además, los requisitos de identificación de los firmantes para poder plasmar su firma y las medidas Covid también han hecho que el proceso haya sido «bastante complicado», según sus impulsores. Las Cortes tampoco pudieron habilitar el sistema de recogida de firmas por Internet que prevé la ley, por problemas de imposibilidad técnica, según explicaron a Hablamos Español.
«Derechos individuales»
«A pesar de ello, confiamos en poder tener las 10.000 firmas adveradas el 2 de marzo y, por ello, nos hemos animado a realizar una modesta campaña publicitaria cuyos gastos serán devueltos por las Cortes si logramos el objetivo», han anunciado este lunes. La campaña se desarrollará en dos fases, la primera de las cuales con un mensaje centrado en el concepto de «libertad de elección y en los derechos individuales, lejos de la manipulación basada de sectores y partidos partidarios de la imposición lingüística», según denuncia la organización presidida por Gloria Lago.
En este contexto, los responsables de darle prioridad forzosamente al valenciano frente al castellano, «con costosas campañas pagadas con dinero público, cambian el foco hacia unos inexistentes derechos de las lenguas, que serían una patente de corso para justificar la exclusión del español de la vida oficial y la discriminación de los niños hispanohablantes en el sistema educativo».
Esta tendencia va en aumento, según Hablamos Español, que alude como prueba a un estudio que recientemente han publicado sobre los porcentajes de cada lengua en la enseñanza.
