Turno para José Manuel Villarejo en el primer juicio por sus espionajes privados. El comisario jubilado ha tomado la palabra en esta vista en la que afronta 109 años de cárcel para arremeter contra la Fiscalía Anticorrupción y el Centro Nacional de Inteligencia. A este último ha atribuido la idea de grabar todas las conversaciones que mantuvo esos años con sus clientes. Al respecto ha dicho que selló un pacto con el CNI que consistía en monitorizar toda su vida a cambio de recibir una copia de todos estos audios.
El policía, que ha declarado sin la toga de abogado y desde el banquillo de acusados, ha respondido de esta forma al ser preguntado por todo el material de grabaciones que Asuntos Internos encontró en su domicilio tras su detención en noviembre de 2017. "El pacto que yo tenía con el CNI era que monitorizara mi vida pero que, para tranquilidad mía, yo iba a tener una copia de esa monitorización. Era la misma técnica que utilizaron con el tema de Bárbara Rey cuando el CNI le dijo: toma una copia de todo esto, se lo damos en un maletín pero a cambio de esto no sacamos nada'", ha explicado.
Villarejo, que declara por primera vez desde el arranque de esta vista en octubre del año pasado, ha negado que tuviera acceso a bases de datos policiales y que filtrara esta información confidencial a sus clientes. Pese a sus evasivas, el Ministerio Público ha insistido en que los audios que obran en el sumario prueban que alardeó con sus interlocutores de que tenía acceso a información secreta tanto policial como tributaria de los espiados en estos encargos. Así consta en una de las tres piezas que se juzgan en esta vista oral relativa al proyecto Iron (encargado por el despacho de abogados Herrero y Asociados).
Al ser preguntado por este material privado que se localizó en su domicilio, Villarejo ha dicho que no es más que una manipulación de Asuntos Internos. “No sé cómo no han encontrado cocaína en mi casa. Es lo único que les ha faltado”, ha respondido. No obstante, los audios que él mismo grabó le han puesto en un aprieto en más de un momento del interrogatorio. “¿Comunicó a sus clientes que había personas a las que untar y que eso encarecería el precio?”, le ha preguntado el fiscal Miguel Serrano a tenor de lo recogido en una de las grabaciones. “Eso es un chascarrillo”, ha respondido.
Sobre la compatibilidad legal para impulsar sus espionajes privados estando en activo en la Policía Nacional, Villarejo ha vuelto a señalar a los gobiernos del PSOE y del PP asegurando que ambos supieron que ponía su estructura empresarial al servicio de los trabajos públicos. Preguntado en relación al famoso informe que firmó en 2015 el inspector José Ángel Fuentes Gago y que autorizaba estas actividades, Villarejo ha apuntado que dicho documento lo encargó el entonces ministro del Interior (Jorge Fernández Díaz) "probablemente" a sugerencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Yo no pedí explicaciones de cómo estaba legalizada mi situación porque estaba convencido de que trabajaba para mi país.
"Yo me reuní con el señor (Ignacio) Cosidó, con el DAO (Eugenio Pino) y con el que entonces ya era el nuevo responsable de Asuntos Internos y expliqué todas las cuestiones. Todo lo que me solicitaron lo aporté", ha respondido. En relación a su segundo periodo en la Policía Nacional tras su excedencia entre 1983 y 1993, ha asegurado que presentó un escrito en el que dejaba claro las condiciones de su vuelta, las cuáles pasaban por seguir empleando su entramado y que nadie le respondió al respecto. También pactó que no se enriquecería con sus empresas.
Sin embargo, la investigación que encara su quinto año convertida en una de las grandes macrocausas de la Audiencia Nacional le atribuye un patrimonio superior a los 20 millones de euros. "Los movimientos de cuentas ponen de manifiesto que unas mercantiles suyas le permitieron enriquecerse", le ha espetado el fiscal. "A mi no. A las empresas. Yo personalmente no". ha respondido. Sobre la implicación en estos espionajes de su mujer Gemma Alcalá y su hijo mayor José Manuel Villarejo, el policía ha defendido que se le ofreció librar a su familia del caso si se declaraba culpable y que lo rechazó.
Además del proyecto Iron, la Fiscalía se ha interesado por los otros dos encargos que se juzgan en esta primera vista oral del caso Tándem. Se trata del bautizado como Land (que ordenó una rama de la familia de los García-Cereceda) y el proyecto Pintor, en el marco del cual ha declarado este lunes el empresario Juan Muñoz, marido de Ana Rosa. Sobre la pieza Land, Villarejo ha dicho que aceptó este trabajo porque el expresidente del Gobierno Felipe González así se lo pidió a través de su amigo íntimo Jesús Barderas.
"A mi el señor Felipe González, a través de su testaferro, amigo, socio... en República Dominicana, Jesús Barderas, a quien conocía y conozco, me pidió que ayudara al problema que tenían las hijas de su gran amigo que había fallecido precipitadamente (Luis García-Cereceda). Estaba notando que se estaban realizando una serie de actuaciones para hacer daño a la herencia de estas personas. Yo acepté el encargo y así lo hice", ha respondido a preguntas de Fiscalía, que sostiene que cometió cohecho con estos trabajos ya que los impulsó siendo funcionario en activo y accediendo además a datos restringidos.
Al igual que ha hecho con el primero de los encargos, Villarejo ha salido en defensa de sus clientes asegurando que son las verdaderas víctimas de este caso. En lo que respecta a la pieza Land ha negado que impulsara una campaña de desprestigio en la prensa del corazón del arquitecto de las estrellas Joaquín Torres. Este es uno de los muchos perjudicados de la pieza tercera de Tándem, junto con Yolanda García Cereceda, su pareja Jaime Ostos Jr. o Silvia Gómez-Cuétara, viuda del patriarca. La Fiscalía sostiene que Susana García Cereceda costeó estos espionajes a través de Procisa en plena pugna por la herencia.
