Estrenamos el año con una propuesta de la Comisión Europea para considerar energías verdes, a efectos de los inversores, la producida por centrales nucleares que reciban el permiso de construcción antes de 2045, y el gas natural siempre que provenga de energías renovables o tenga bajas emisiones en 2035. «Teniendo en cuenta el asesoramiento científico y el actual progreso tecnológico, así como los diferentes retos hacia la transición entre los Estados miembros, la Comisión considera que existe un papel para el gas natural y la energía nuclear como medio para facilitar la transición hacia un futuro basado predominantemente en las renovables», justifica el Ejecutivo comunitario. Y tal y como se está comportando el precio de la electricidad en este último año, desdeñar este tipo de energía no parece la opción más inteligente si no queremos acabar arruinando a nuestra industria o disparando la inflación, como de hecho está ocurriendo.
El problema es que esta decisión pilla a algunos países, entre ellos a España, con el pie cambiado. La izquierda se convirtió en abanderada del movimiento antinuclear desde que surgió a finales de los 70. Pese a que la instalación de centrales sirvió para reactivar pequeñas zonas rurales, que ahora temen los cierres por la despoblación y el abandono que conllevarán, socialistas, comunistas, ecologistas y populistas insisten en demonizar este tipo de energía, que, lo quieran o no, permite generar electricidad sin emitir CO2 a la atmósfera y además sin tener que depender del viento o del sol. Y además, permite reducir la dependencia energética de otros países. Sin embargo, en España solo tenemos cinco centrales nucleares, con un total de siete reactores, con una potencia instalada inferior a los 8.000 MW. Y además está planteado el cierre total de las centrales en 2035.
A pesar de la moratoria nuclear, estas centrales aportaron durante el año 2020 el 22,20% de la electricidad que se consumió en España, lo que convierte a esta tecnología en la primera fuente de electricidad en el conjunto del país por décimo año consecutivo, según cifras del Foro de la Industria Nuclear.
En el extremo opuesto de esta estrategia se encuentra Francia, que no solo es ya el país con mayor número de nucleares en proporción a sus habitantes, 58 en total, sino que, además, el Gobierno galo acaba de anunciar sus planes de apostar por esta energía para cumplir los objetivos de reducción de emisiones durante la transición energética.
Sin embargo, España no está sola en esta fobia hacia la energía nuclear. El anuncio de la Comisión coincidió con el apagón de tres centrales en Alemania, país que solo deja operativas otras tres, y las pretende cerrar este año 2022. Pero independientemente de que no seamos los únicos en Europa que hemos rechazado la energía nuclear, lo cierto es que la propuesta europea nos pilla con el pie cambiado. El Gobierno español, sin fisuras, se ha mostrado crítico con esta propuesta que facilita mucho la vida a Francia, que ahora va a tener bastante menos interés todavía que antes en tomar medidas conjuntas para frenar la escalada de los precios de la electricidad.
Pensar que nuestro Ejecutivo va a apostar ahora por la nuclear sería ciencia ficción, pero más le valdría que se replanteara al menos los cierres previstos y alargara la vida de las centrales garantizando la seguridad todo lo que se pueda. Está muy bien apostar por las energías renovables, pero hasta que logremos solucionar el problema del almacenamiento, esta apuesta la vamos a pagar muy cara, de eso no hay duda.
España y Francia, dos modelos opuestos
En España están en funcionamiento cinco centrales nucleares, dos de las cuales disponen de dos reactores cada una (Almaraz y Ascó), por lo que suman siete reactores de agua ligera, con una potencia eléctrica instalada de 7.398,77 megavatios. En Francia hay 58centrales, con una potencia instalada de 63.130 MW.
