La Justicia norteamericana se dispone a procesar a un destacado hacker ruso extraditado de Suiza que puede ofrecer información valiosísima sobre cómo el Kremlin logró interferir en las elecciones presidenciales de 2016 y 2020 en apoyo de Donald Trump.
En principio, Vladislav Klyushin fue arrestado en Suiza por una orden de detención estadounidense que le acusaba de tráfico de información privilegiada para ganar millones en bolsas. Sin embargo, tras su primera comparecencia ante la Justicia en Massachusetts, la Fiscalía espera que colabore dada su estrecha cooperación con el Kremlin por medio de una oscura empresa de servicios digitales.
Klyushin, de 41 años, fue detenido el 19 de marzo de 2021 en Suiza y extraditado a EE.UU. el 18 de diciembre. Es el fundador de una empresa, M-13, que ofrece servicios de seguimiento de redes sociales y ciberseguridad al régimen ruso. En su web, M-13 se jacta de su larga lista de clientes en las esferas de poder moscovitas. En 2020 incluso recibió una medalla honorífica del mismísimo Putin. La Administración estadounidense cree que tiene conocimientos lo suficientemente detallados del entramado de injerencias digitales ruso como para poder negociar un acuerdo previo a juicio.
Cuando pidió su arresto y extradición, la Justicia norteamericana le requería por haber hackeado, supuestamente, los servidores de dos agencias que grandes compañías estadounidenses usan para presentar sus resultados trimestrales uno o dos días antes de que lo hicieran. Con esos informes en sus manos, Klyushin y sus socios fueron capaces de vender o comprar acciones de Snap, Microsoft o Tesla, ganando unos 80 millones de euros.
Su principal socio, imputado en la misma causa, es Ivan Yermakov quien, a la sazón, fue identificado por el fiscal especial Robert Mueller en su investigación sobre las injerencias rusas en las presidenciales de 2016. Según Mueller, la inteligencia rusa tuvo en pie dos campañas para favorecer a Donald Trump e infiltrarse en los servidores de correo del Partido Demócrata para robar una información luego filtrada por el entorno de Wikileaks y Julian Assange, quien espera extradición a EE.UU. también, pero por otro caso.
La investigación de Mueller halló que Rusia sí apoyó a Trump en las elecciones de 2016, aunque no logró indicios de que el que sería presidente se coordinara con Moscú. La Fiscalía siguió la pista de posibles contactos entre empleados de segundo nivel en la campaña con posibles agentes rusos, pero no logró pruebas condenatorias. La Casa Blanca también acusó a Rusia de tratar de interferir en las elecciones de 2020, que ganó Joe Biden. El Kremlin ha negado tajantemente ambas acusaciones.
Recursos no atendidos
Preguntado por la extradición, el abogado de Klyushin en Suiza, Oliver Ciric, ha mantenido la inocencia de su cliente, y ha revelado que tanto la inteligencia estadounidense como la británica intentaron reclutarle antes de su arresto. Rusia había pedido a su vez a la Justicia suiza que impidiera la extradición, sin éxito. Los abogados del detenido han apelado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero este recibió la petición una vez Klyushin estaba ya en Massachusetts.
Según Michael McFaul, quien fue embajador de EE.UU. en Rusia bajo Barack Obama, este tipo de arrestos demuestran «el riesgo al que cualquier persona, multimillonarios u otras personas cercanas al estado ruso, se enfrenta cuando viola las leyes estadounidenses si viajan al extranjero».
La Fiscalía estadounidense ha perseguido a hackers rusos que viajan fuera de su país, y de hecho en años recientes logró que España extraditara a dos de ellos, relacionados con varios delitos informáticos.
El 9 de enero de 2017, la Guardia Civil detuvo en el aeropuerto de El Prat a Stanislav Lisov, un programador informático al que buscaban el FBI y la Interpol por desarrollar un programa, conocido como NeverQuest, para cometer un supuesto fraude bancario por valor estimado de 800.000 euros. Otro hacker ruso, Piotr Levashov, fue detenido por la Policía en un hotel de Barcelona el 7 de abril. Ambos fueron extraditados prontamente.
En todos estos casos la Fiscalía negocia acuerdos de reducción de condena o en algunos casos incluso de inmunidad si los detenidos cooperan y ofrecen información valiosa que sirva a la inteligencia estadounidense ante amenazas geoestratégicas.
