El informe más reciente sobre la aportación económica de la caza en España cifra en 6.457 millones de euros el impacto de la actividad en el Producto Interior Bruto (PIB) y en 187.000 las personas que el sector emplea. Son datos extraidos por la consultora Deloitte para Fundación Artemisan y aunque el documento es de 2018 las cifras, afirman desde la fundación, siguen moviéndose en esos baremos. De ahí la importancia que los cazadores consideran que tienen medidas como la anunciada ayer por Castilla y León, que rebajará la tasa general de las licencias de caza y pesca un 95 por ciento. Así lo anunció ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la Reserva natural de las Riberas de Castronuño, en Valladolid. El objetivo que persigue su Gobierno es sumar aficionados y de paso atraer a los de otras comunidades autónomas para generar riqueza y actividad económica en el medio rural.
Aunque otras comunidades como Castilla-La Mancha anunciaron hace unos días que seguirán estos mismos pasos, Mañueco subrayó que Castilla y León será la primera en ponerlo en práctica, lo que consideró «una buena noticia». Hace unas semanas, Emiliano García-Page dijo que suprimiría las tasas tributarias de la caza y pesca y animó a que el resto de comunidades autónomas hicieran lo mismo para favorecer el turismo cinegético. Y algunas ya están en ello.
Es el caso de Andalucía, donde se va a cambiar la Ley de Caza. Las negociaciones con la Federación Andaluza de Caza (FAC) ya han concluido y por ahora lo único que han acordado es una reducción en la licencia de caza con grupos de perros o rehalas. José María Mancheño es el presidente de la FAC y explica a ABC que propusieron «una reducción del 50 por ciento de las licencias de los cazadores que estuvieran federados, pero por ahora no tenemos una respuesta. Nosotros hacemos labores administrativas, emitimos licencias, de las que la Junta de Andalucía se beneficia, pero lo único que parecía seguro es que se iban a reducir las de rehala, por su carácter singular, entre un 60 y un 80 por ciento». «Esperemos que esta bajada en Castilla y León anime a tomar aquí una decisión parecida para fomentar la caza», concluye.
La Federación Andaluza de Caza tiene 95.000 federados, después de la de Fútbol es la más numerosa en la región, por encima incluso de la de Baloncesto. La licencia de caza en Andalucía se puede obtener a partir de 20 euros anuales en su modalidad más básica. La FAC es una entidad de reconocido prestigio por sus aportaciones a la conservación del medio ambiente y las especies protegidas, con estudios científicos financiados por ellos mismos.
También el Gobierno de Aragón está elaborando la Orden para regular el Plan General de Caza 2022-2023. En su informe, el Ejecutivo del socialista Javier Lambán destaca el valor de la actividad cinegética y apuesta por apoyarla. Recuerda que el impacto de la caza en Aragón ronda los 260 millones de euros al año, contribuye al mantenimiento de unos 8.500 empleos y genera a las arcas públicas unos ingresos tributarios de 56 millones.
En su informe, el Gobierno aragonés destaca que la caza es una «importante fuente de riqueza para Aragón» y aporta al sector agropecuario «tremendos beneficios indirectos», porque es clave para frenar o paliar la sobrepoblación de especies como el conejo, el corzo, el ciervo, la cabra montés y el jabalí.
Los cazadores aplauden que las comunidades vayan en esta dirección, pues ven en las medidas una forma de reflotar no solo la economía del medio rural, sino la vida en algunas de las zonas más despobladas de España. «Muchas veces se observa a la caza solo desde una perspectiva económica y nos olvidamos de la importancia de la despoblación. Y es que muchos de nosotros seguimos vinculados al mundo rural gracias a la caza», sostiene con contundencia Fernando Villanueva, director de la Fundación Artemisan. A nivel de imagen del sector cinegético, dice, la medida también es positiva, pues ven en ella «una llamada a la sociedad de la importancia de la caza», así como un reclamo para que los más jóvenes se interesen por el sector.
Sin embargo, Villanueva aboga por que los esfuerzos vayan más allá y que las administraciones se centren también en fomentar la inversión. «Es un sector clave. Gran parte de los espacios naturales están en manos de agricultores y ganaderos, pero especialmente de cazadores. Necesitamos apoyo para incentivar el empleo. En el mundo rural hay poco nicho, y este es el mayor», expone.
Coincide el presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo: «Todas las comunidades autónomas deberían aplicarlo». Además, en esta línea, manifiesta la necesidad de expandir la licencia interautonómica que ya tienen ocho comunidades y que permite la práctica en todas ellas por el precio de aproximadamente dos licencias. «Lo lógico sería tener una licencia única o unos costes como los que va a aplicar Castilla y León, tratándose además de una actividad cuyos aficionados dejan mucho dinero en el territorio a través de alojamientos, restauración, cotos, etc.», afirma.
