El Tribunal Constitucional por fin renueva las cuatro plazas que tenía caducadas desde noviembre de 2019. Gobierno y Partido Popular han elegido cada uno a dos candidatos que, a su vez, son hombre y mujer, en un claro gesto por equilibrar un tribunal integrado en la actualidad por solo dos mujeres, del total de 11 miembros. De este modo, la juez Inmaculada Montalbán, un símbolo en la lucha contra la violencia de género, y Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se confirman como las apuestas de los dos partidos. Completan el reparto el letrado de las Cortes Enrique Arnaldo, y el también juez de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez Valcárcel.
Aunque algunos de los nombres venía sonando en las quinielas como ha ocurrido con Arnaldo (muy ligado al actual número dos del Gobierno de Ayuso, Enrique López) otros han sido una sorpresa, como es el caso de Montalbán y los dos magistrados de la Audiencia Nacional. Paradójicamente, ambos coincidieron en el tribunal que juzgó al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, si bien fallaron en sentidos opuestos. Mientras Valcárcel redactó la ponencia de su absolución, Espejel emitió un voto particular al considerarle cómplice de la celebración del referéndum ilegal y de la declaración unilateral de independencia del 1 de octubre de 2017.
Los cuatro nuevos nombres vienen a reemplazar a los integrantes del tribunal desde julio de 2012. Entre ellos se encuentran el presidente Juan José González-Rivas (conservador) y la vicepresidenta Encarnación Roca (progresista), además del magistrado Andrés Ollero (conservador). Completan la lista el magistrado Fernando Valdés (progresista) que renunció a su plaza el año pasado tras abrirse su causa en el Tribunal Supremo. Su salida provocó cambios de calado en algunos asuntos clave como los recursos al primer estado de alarma. Con su marcha, Valdés tuvo que ceder la ponencia a Ollero, el cual se postuló a favor de declararlo ilegal en sus preceptos más duros.
Los nuevos nombramientos en el tribunal de garantías (que competen todos ellos al Congreso) contentan tanto a PSOE como al Partido Popular, de acuerdo con fuentes de las negociaciones consultadas por este medio. Primero porque aumenta la cuota de presencia femenina en el órgano con la elección de Montalbán (expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica) y de Espejel (en la carrera judicial desde la década de los 80). Y segundo porque en lo que al PP se refiere, renueva los miembros de su esfera elegidos durante la presidencia de Mariano Rajoy y, por tanto, más lejanos al actual líder de los populares, Pablo Casado.
Con todo, al menos dos de los cuatro nuevos miembros tienen un claro perfil político. Se trata de Espejel y Sáez Valcárcel. Así, mientras la primera de ellas está significada más cerca de los populares y proviene de familia ligada a la Guardia Civil, el magistrado de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, Varcárcel, destacó por su lucha a favor de la memoria histórica y contra el franquismo.
Se da la circunstancia de que los nuevos miembros del Constitucional son viejos conocedores del CGPJ, el órgano de gobierno de jueces que sigue a la espera de renovación. Tanto el progresista Valcárcel (claro defensor de introducir la mediación en los procesos penales) como Espejel (que fue recusada en los juicios de Alsasua y la trama Gürtel) integraron el Consejo General del Poder Judicial. No obstante, lo hicieron en mandatos diferentes; Valcárcel entre 1996 y 2001 y Espejel entre 2008 y 2013, consejo inmediatamente anterior al que todavía se mantiene vigente.
Por su parte Inmaculada Montalbán no solo fue vocal del CGPJ, sino que también presidió el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, integrado en el órgano de gobierno de jueces. Férrea defensora de la formación específica en los tribunales sobre violencia de género, Montalbán también recibió la Medalla de Andalucía en 2012. En la actualidad ejerce como magistrada de la Sala de lo Contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Finalmente Arnaldo Cubilla, el candidato menos conocido, es actual letrado de las Cortes Generales, abogado especializado en derecho público, constitucional y administrativo y también vocal del CGPJ entre 1996 y 2001.
Los cuatro nuevos cargos del Constitucional trabajarán por un periodo de siete años, puesto que se les descuentan los dos años que llevan de retraso y en los que siguieron al frente los cuatro que ahora se van. De estas plazas vacantes cobra especial protagonismo la de la presidencia. La marcha de Juan José Rivas abre la puerta a que se designe, como sucesor suyo, a Pedro González-Trevijano. Este miembro del tribunal de garantías y de corte conservador, es el que más posibilidades tiene de convertirse en el presidente del tribunal de garantías. Su mandato, no obstante, caduca en junio de 2022.
Otro de los nombres que resuenan con fuerza es el de Ricardo Enríquez, también conservador, pero cuyo mandato expira en marzo de 2026. El objetivo del PP es asegurarse una presidencia conservadora teniendo en cuenta que, aunque la mayoría del tribunal ahora es conservador, los nombramientos del año que viene podrían inclinar la balanza. En junio expiran los mandatos de otros cuatro miembros más. Dos de ellos se eligen por el CGPJ (lo cual requerirá su renovación dado que el actual consejo tiene sus funciones limitadas por Ley) y otros por el Ejecutivo. Será entonces cuando el Gobierno elegirá a dos progresistas provocando un cambio de perfil en el tribunal de garantías.
