El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, detenido el jueves de la semana pasada por la noche en el Alguer (Italia) y puesto en libertad un día después, reafirmó su compromiso con la independencia de Cataluña: «Seguiremos con la lucha para alcanzar nuestro objetivo. No nos rendiremos. Yo seguiré viajando por Europa». Parece que una situación así ya la baticinaba Ortega y Gasset en 1932, poco antes de que se aprobara el primer estatuto: «El problema catalán no se puede resolver, sólo se puede conllevar; es un problema perpetuo y lo seguirá siendo mientras España subsista».
Junto al filósofo, algunas de la principales personalidades de la cultura y la ciencia de nuestra historia también cargaron contra los nacionalismos. Pío Baroja, por ejemplo, estaba convencido de que tanto el catalán como el vasco «se fundamentan en textos de segundo orden». El premio Nobel de Medicina, Ramón y Cajal, declaró sentirse «deprimido y entristecido al considerar la ingratitud de los vascos, cuya gran mayoría desea separarse de la patria común». Miguel de Unamuno, quien se consideró siempre «doblemente español, por vasco y por español», renegó de la imposición del catalán a todos los ciudadanos.
También algunos políticos de izquierdas, e incluso nacionalistas, se posicionaron contra los excesos, en especial, de la Generalitat. Desde otros presidentes del Gobierno como Juan Negrín, que llegó a mostrarse abiertamente irritado respecto a este «problema», hasta ideólogos tan importantes como Castelao, considerado padre del nacionalismo gallego. Fueron muchos los que criticaron los desmanes nacionalistas y la manipulación que, en su opinión, se hacía de la historia de España.
Pero entre ellos, siempre destacó el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, consciente de que fue durante ese periodo donde los movimientos independentistas habían conseguido más beneficios, pero también en el que menos gratitud habían mostrado por ellos. De hecho, tras la aprobación del primer proyecto de estatuto, que otorgaba un amplio autogobierno a los catalanes, sus defensores –más federalistas que independentistas hasta épocas más recientes– no dudaron en alzar la voz para criticar que este rebajaba sus pretensiones originales.
No hay que olvidar que Azaña fue uno de los principales defensores del estatuto en el Congreso de los Diputados, en 1931 y 1932, y se sintió profundamente traicionado cuando Lluís Companys, a pesar de ello, respondió proclamando unilateralmente el Estado catalán en octubre de 1934. Una decepción que plasmó en estas duras palabras en sus diarios privados: «La desafección de Cataluña (porque no es menos) se ha hecho palpable. Los abusos, rapacerías, locuras y fracasos de la Generalitat y consortes, aunque no en todos sus detalles de insolencia, han pasado al dominio público».
La cuestión regional fue uno de los problemas que contribuyó a empeorar la crisis de la Segunda República. El catalanismo, que en aquelos años iba un paso por delante de los movimientos vasco y gallego por sus golpes de Estado, demostraba cada vez más fuerza. Azaña analizó así la difícil situación en la que se colocaba al país con los nacionalismos y que bien prodría ser un vaticinio de lo que ocurre hoy: «Sé que es más difícil gobernar España ahora que hace cincuenta años, y más difícil será gobernarla dentro de algunos más. Es más difícil llevar cuatro caballos que uno solo», aseguró en 1932.
En la Constitución del año anterior, de hecho, una de las novedades fue su intento de resolver el llamado «problema regional», presentado en las Cortes constituyentes como la «cuestión catalana», pero el catalanismo fue cada vez más poderoso y exigente políticamente.
Los movimientos nacionalistas e independentistas comenzaron a representar para la República un problema que había que resolver cuanto antes. La paciencia de muchos políticos e intelectuales estaba llegando a su límite, pues entorpecían los debates constitucionales y no facilitaban el funcionamiento de las instituciones, según defienden historiadores como Émile Témime, Alberto Broder o Gérard Chastagnaret.
La frustración de Azaña continuó tras el levantamiento de Franco, cuando comprobó la deslealtad de los catalanistas hacia los españoles, a pesar de la generosidad mostrada por el Ejecutivo republicano. La gota que colmó el vaso fueron las quejas del consejero de la Generalitat, Pi i Suñer, sobre la actuación del Gobierno central durante la Guerra Civil.
Azaña respondío con un nuevo y furibundo ataque en forma de carta fechada en septiembre de 1937: «La Generalitat ha vivido en franca rebelión e insubordinación. Y si no ha tomado las armas para hacerle la guerra al Estado, será porque no las tiene, porque le falta de decisión o por ambas cosas, pero no por falta de ganas», escribía en septiembre de 1937.
El presidente acusaba a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero por la creación de su propia moneda y la formación de su propio Ejército. Apuntaba después dolido que si al pueblo español se le coloca de nuevo en la encrucijada de tener que elegir «entre una federación de repúblicas y un régimen centralista, la inmensa mayoría optaría por el segundo». Azaña quizá se sentía culpable por haber favoreció su empoderamiento, a pesar de sus posteriores críticas, al considerar que para mantener la estabilidad de la democracia era indispensable dar a los catalanes un nivel aceptable de autogobierno.
Este jueves, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) sacaba músculo de nuevo. Sus lideres han retado de nuevo al Gobierno central al extender a la Comunidad Valenciana su campaña para conmemorar el cuarto aniversario de la consulta illegal independentista del 1 de octubre de 2017 y reclamar la secesión de los «países catalanes» en el marco de unas acciones reivindicativas convocadas para este fin de semana. En ellas está prevista la participación, aunque en formato de vídeo, del expresidente catalán y prófugo de la Justicia española Carles Puigdemont. «El problema catalán seguirá existiendo mientras España subsista», que dijo Gasset.
