"Incóese el procedimiento abreviado por un presunto delito de estafa del artículo 248, 249 y 250 del Código Penal". Así se pronuncia el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de València del 24 de julio de 2020, al que ha tenido acceso elDiario.es, sobre la investigación contra Ximo Díaz Andrés, ex vicesecretario provincial de Relaciones Institucionales de Vox y ex asesor en la Diputación de València.
Díaz abandonó sus responsabilidades en el partido de extrema derecha el pasado mes de junio alegando motivos personales, cuando está a la espera de que el Juzgado de lo Penal número 4 de València, en el que ahora se tramita el caso según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), fije la fecha de la vista oral de procedimiento abreviado por hipotecar la vivienda de una mujer de 89 años. En este caso la Fiscalía no acusa, pero sí una acusación particular.
Según el auto, en diciembre de 2018 la mujer acudió a una notaría "como parte avalista en el préstamo pactado como deudora, escritura por la cual garantizaba el pago del préstamo con la garantía hipotecaria de su inmueble sito en València, firmando todo ello en base a las explicaciones" que le dio el acusado.
Antes de la firma de dicho contrato hubo tratos personales entre las partes, puesto que la víctima era amiga personal de la mujer de Díaz, quien, "de modo fraudulento" la convenció para que firmara "la escritura del préstamo para lograr un lucro económico" a costa de la mujer de avanzada edad, "convenciéndola con promesas inexactas y actividades opacas sin dar mayores explicaciones a la señora, la cual hipotecó su única vivienda, que era la habitual".
Tras la firma de la escritura notarial, "las cuotas de devolución del préstamo fueron giradas" a la víctima por la suma de "494,38 euros, pagándolos hasta principios de 2019, interponiendo denuncia ante la Policía Nacional el 19 de agosto de 2019" en la que reclama "por los perjuicios económicos y por la falta de consentimiento al hipotecar su casa".
El magistrado añade en el auto que la escritura por la cual se gravaba su única vivienda a la denunciante "es un acto de fraude, sospechoso ya que no ganaba nada en el negocio sino que se obligaba a pagar el préstamo gravando su casa, alegando no ser consciente de ello por el engaño previo y las falsas explicaciones dadas por el investigado, el cual se excusó en que antes había ayudado a la señora y tenían mutua confianza". Añadió que dada la crisis económica de 2008 el investigado recibió de la denunciante el ofrecimiento de ayudarle "incluso con dejarle en testamento la casa".
Añade el juez que "lo insólito del negocio, donde solo ganaba el investigado al conseguir liquidez y un préstamo que no pagaba, los engaños llevados del abuso de la confianza personal conllevan que se aprecie la estafa en este caso, debiendo llegar al juicio oral sin ser necesario más diligencia de investigación".
Díaz fue dirigente de Unió Valenciana y fue cesado en 2003 de la gerencia de la empresa pública Fervasa, que dependía de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre). La entonces presidenta de la entidad, la concejala del Ayuntamiento de València María Jesús Puchalt (PP), prescindió de él entre otros motivos, por no presentar las cuentas de la entidad en el registro mercantil desde 1999.
