Aún no hay borrador para los presupuestos de 2022, pero las variables macroeconómicas que maneja el Gobierno no cuadran sin una subida de impuestos que permanece oculta. El Ejecutivo prefiere hablar del techo de gasto, del carácter expansivo y social de sus cuentas y de la reducción de los números rojos, pero para gastar todo lo que anuncia el Gobierno y lograr su objetivo de déficit no queda otra alternativa que incrementar la presión fiscal y sacar -de las clases medias, en las que termina por repercutir cualquier tributo- entre 6.000 y 15.000 millones de euros. Con las reglas fiscales suspendidas como consecuencia de la pandemia, el Ejecutivo tiene las manos libres para incumplir los rigurosos objetivos de Bruselas. La austeridad es un término prohibido en la agenda de La Moncloa, cuya demagogia penaliza al contribuyente. Sin despilfarro populista, y en línea con el resto de la UE, se podrían bajar los impuestos, pero cuando el gasto adquiere forma de dogma toca pagarlo.
