Los datos avanzados del IPC de julio indican que nos encontramos ante la mayor tasa de crecimiento interanual de los precios desde febrero de 2017. La presión inflacionaria en España, y en general en Europa, aún está muy lejos de situarse en los niveles de Estados Unidos -un 5,4 por ciento en junio, la mayor en trece años- o de China, donde se ha cebado en los precios industriales, que crecen casi al 9 por ciento interanual. Los bancos centrales están atentos a la evolución de los precios. Entre los expertos, el consenso es que durante el segundo semestre de 2021 vamos a vivir un brote inflacionario, fruto del arranque de las economías a medida que las restricciones de la pandemia se vayan retirando, pero esperan que después remita. El Banco Central Europeo ya ha avisado de que su objetivo de estabilidad del 2 por ciento anual supone que hay que estar dispuesto a experimentar alzas por encima de esa cifra durante bastante tiempo para compensar las bajísimas tasas que hemos tenido. La inflación, de momento, es moderada y permite alejar los temores de deflación y albergar la esperanza de que los tipos de interés de los bancos centrales, en algún momento del futuro, vuelvan a un terreno positivo, y que eso permita estimular otra vez el ahorro y frenar el endeudamiento.
Aunque los banqueros centrales parecen estar muy seguros sobre su capacidad de graduar el proceso, cabe la duda de que la inflación vuelva con sus consecuencias. Los más graves, sin duda, son los llamados ‘efectos de segunda vuelta’, es decir, la transmisión injustificada de las subidas del IPC a precios y salarios. Más aún cuando el Gobierno ha apostado por una decisión emblemática, la revalorización de las pensiones según el IPC, un mensaje rotundo para que tras ellos se alineen los sueldos, los alquileres y otros precios de referencia. En una economía tan indexada como la española, pensar que se podrán mitigar estos ‘efectos de segunda vuelta’ es una completa ilusión. Los sindicatos son los primeros que se encargarán de ponerlo de manifiesto con sus reivindicaciones y exigencias.
La inflación fue una de las grandes lacras económicas del siglo XX. Milton Friedman la llamaba «el impuesto invisible», porque a través de ella los gobiernos restaban valor al dinero de curso legal. Los alemanes, desesperados por el envilecimiento de su moneda, se echaron en brazos de Hitler en la década de 1930. En la década de 1970, los argentinos recibían sus pagas dos veces al día y un permiso a mediodía para ir al supermercado a gastar unos billetes que perdían valor a cada minuto. Ya son prácticamente dos generaciones de españoles las que no han experimentado este fenómeno. Esto es fruto de nuestra adhesión al euro, una moneda que, con sus ventajas y desventajas, ha cumplido su objetivo de mantener estables los precios. Sin embargo, la política monetaria actual es extraordinaria precisamente por la ausencia de inflación y el temor a la deflación. Si esta retorna a la normalidad, subirá el coste de financiación de nuestra deuda, en máximos históricos, y seguramente reaparecerá el diferencial de inflación de España con el resto de la Eurozona, dejando en evidencia nuestra falta de reformas internas.
