El órgano consultivo de la Generalitat ha emitido este jueves el dictamen -no vinculante- que pidieron PSC, PPC y Cs sobre la legalidad del decreto que regula el fondo, que en su disposición transitoria estipula que mientras no se encuentre una entidad bancaria que se haga cargo, la gestión del fondo la asumirá "provisionalmente" el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
El Consejo de Garantías, órgano que vela por la adecuación de las leyes catalanas al marco legal vigente, considera que el Govern debería modificar la disposición que regula el papel del ICF, el artículo que hace referencia al depósito del aval y el que se refiere a la obligación de retorno.
El Tribunal de Cuentas, que ha impuesto una fianza de 5,4 millones de euros a 34 ex altos cargos de la Generalitat, solicitó el pasado martes un informe a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales del ICF para cubrir las fianzas, ante las "dudas" legales que le suscitaba esta operación.
Hoy, en el dictamen del Consejo de Garantías se sostiene que la Generalitat tiene competencias para crear "un instrumento de protección de sus servidores públicos", como es el caso de este fondo.
En consecuencia, resuelve que el decreto no vulnera la Constitución ni el Estatut.
El organismo señala incluso que la ampliación del periodo de retorno que contempla el decreto no solo respeta el marco legal sino que en determinados casos "puede favorecer el ejercicio del autogobierno del sistema catalán" en aquellas materias en las que su despliegue "ha evidenciado un significativo nivel de conflictividad competencial".
El Consejo, que ha adoptado las conclusiones por unanimidad, se ha pronunciado sobre los puntos que los grupos solicitantes ponían en cuestión y también sobre el papel del ICF, sin que nadie lo solicitase.
En lo que respecta a las modificaciones, el Consejo de Garantías apunta que el decreto del Govern añade nuevas funciones al ICF y que, por tanto, éstas deberían explicitarse en el decreto del Govern, así como su alcance.
El órgano aclara que al ICF se le pueden añadir nuevas funciones siempre que se preserve "el principio de jerarquía normativa", algo que puede hacer el Govern con el decreto aprobado ya que tiene el rango legal para ello.
En lo que respecta a la seguridad jurídica del decreto, el CGE cree que no vulnera el artículo de la Constitución que lo regula, aunque apunta que la redacción del texto de la Generalitat no resulta "del todo precisa", ya que las responsabilidades de los beneficiarios del fondo no estarán determinadas por el TC o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
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