Tras el deterioro del esquema bipartidista, corregido puntualmente por los nacionalismos vasco y catalán, que caracterizó durante décadas el sistema del 78, se ha perfilado una doble dinámica territorial de la política en España. De la nada al todo y del todo a la nada, el PP ha quedado reducido a una fuerza residual en Catalunya y en el País Vasco mientras mantiene con mayoría absoluta su hegemonía en Galicia y gobierna con apoyo de la extrema derecha en Andalucía, en Madrid o en Murcia. El PSOE, en cambio, tiene mayorías absolutas en Extremadura y Castilla-La Mancha, es un partido importante en todas las comunidades autónomas, aunque ha perdido en algunas como Madrid su condición de primera fuerza de la oposición, y sus opciones pasan por coaliciones con Podemos y fuerzas nacionalistas o autonomistas, incluso en el Gobierno central.
Un ejecutivo, este último, que la derecha solo recuperará si conquista lo que fue la Corona de Aragón, ese conjunto de territorios que junto a Catalunya, atascada en las consecuencias de su desastrosa apuesta por la secesión unilateral, formaron lo más parecido que ha habido históricamente a una estructura federal. ¿En ese contexto, por qué se extraña nadie de que el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, hable de Madrid?
Dejando a un lado, por obvio, que Puig carece de animadversión alguna hacia la ciudad y la comunidad madrileña y sus gentes, las alusiones al dumping fiscal que practica o a la macrocefalia económica y burocrática de la capital española, como ha reiterado hace unos días precisamente en una conferencia en un foro celebrado en Madrid, tienen que ver con la defensa de una España “policéntrica” y federal, con un proyecto opuesto al neocentralismo españolista que cataliza la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y que el expresidente José María Aznar impulsa desde la FAES hace ya algunos años.
El líder valenciano, que gobierna con los valencianistas de Compromís y con Unides Podem, representa con la balear Francina Armengol, de forma natural, la posición federalista que en la España de los gobiernos bipartitos, tripartitos o cuatripartitos, es la única que parece ofrecer una evolución viable del problema territorial español, con una reforma de la financiación autonómica basada en garantizar la equidad en el reparto de recursos para los servicios públicos fundamentales -equidad que ahora no existe, sea dicho de paso-, la activación de mecanismos institucionales de carácter bilateral y multilateral, una estrategia de infraestructuras que no priorice siempre la dinámica radial, una descentralización geográfica de organismos e instituciones estatales y el reconocimiento de la plurinacionalidad efectiva de un Estado en el que están reconocidas solo simbólicamente las “nacionalidades históricas”.
Las proclamas federalistas del PSOE, que encara su próximo congreso a celebrar en octubre precisamente en València, no han pasado hasta ahora de tímidas generalidades. Ese partido se ve en estos tiempos apremiado por socios de gobierno y socios parlamentarios a todos los niveles que abogan por poner el reformismo federalista en marcha. En el caso valenciano, con más razón, ya que en la posibilidad de reconducir el encaje catalán en España se juega más que nadie: la posibilidad de verse a medio o largo plazo en una posición simétrica a la de Galicia si Catalunya se acaba convirtiendo en un Portugal del Mediterráneo.
A los independentistas catalanes, por su parte, no les gusta demasiado que se evoque como ejemplo la antigua Corona de Aragón, de la que formaba parte Catalunya cuando, en el siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión, la supuesta nación “más antigua de Europa” abolió las leyes valencianas, aragonesas, baleares y catalanas “por justo derecho de conquista”. Les gusta más hacer un uso entre provocador y retórico del término Països Catalans, que engloba los territorios que comparten idioma, pero se les ve incómodos cuando se razona que la independencia sería una opción todavía más inviable si hubiera que incluir a valencianos y baleares en la decisión.
Sin embargo, la estrategia de la derecha está clara: conquistar de nuevo esas comunidades vecinas de Catalunya con un discurso anticatalanista para gobernar en ellas gracias al apoyo de Vox y hacer de ello el trampolín de Pablo Casado a la Moncloa. Es comprensible que el actual presidente, Pedro Sánchez, esté ocupado en recuperar Andalucía, una empresa difícil sin un tercer socio andalucista en la ecuación. Se jugará allí algunas opciones importantes de seguir gobernando. Pero donde se va a jugar el futuro inmediato de España es en esa otra parte de la península en la que una vez se impuso la uniformidad del centralismo borbónico a la diversidad austro-húngara.
