La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay le manifestó a la Suprema Corte de Justicia su preocupación ante el accionar policial. Entienden que aumentó «la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funcione». Atan ese escenario con cambios establecidos en la LUC. A este hecho se refirieron algunos integrantes del sistema político, entre ellos Charles Carrera.
Consultado sobre este asunto, el senador frenteamplista indicó: «Lo tomamos con mucha preocupación. Lamentablemente ya lo habíamos dicho en diversas oportunidades. A partir de la Ley de Urgente Consideración se dio inicio en el Uruguay a una política de una Policía que no tiene un sistema de rendición de cuentas adecuados, y puede dar lugar a estas situaciones de discrecionalidad y abuso.
¿Son todos los policías? No. No son todos los policías. Pero, lamentablemente, es una mala señal, desde el gobierno y desde la LUC, que hay un conjunto de policías que pueden actuar de forma arbitraria. A nosotros nos preocupa».
«El ministro no reconoció esta situación»
Más adelante, Carrera agregó: «Hace una semana se convocó al ministro Heber a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado. Allí el ministro no reconoció esta situación. Pero es un tema que nos preocupa y tenemos en la agenda parlamentaria. Lamentablemente el Frente Amplio está trabajando en este momento en una interpelación, en una denuncia pública de la mayor entrega de la soberanía de los últimos 100 años, como la hemos calificado, y no hemos podido profundizar sobre la visita de Heber como ministro del Interior. Lo que puedo decir es que todas las interrogantes que se le hicieron, no fueron contestadas».
A modo de cierre, dijo el legislador: «A nosotros nos preocupa esa situación. Todos estamos preocupados por el delito, y queremos que haya una lucha frontal contra este. Pero lo que hay que tener claro es que necesitamos que la lucha con el delito sea dentro del marco de la ley. Y en ese sentido, el FA tendrá la mano tendida. Porque las políticas de seguridad, como decimos desde el 1 de marzo de 2020, deben ser políticas de Estado, no de un partido, que se modifican cada 5 años».
