Pedro Sánchez tiene un largo listado de deberes que le han ido poniendo los presidentes autonómicos durante su mandato. Algunas son incluso reivindicaciones históricas que ya recibieron los ejecutivos del PP y que ahora heredan los nuevos integrantes del Consejo de Ministros. Infraestructuras y financiación autonómica son las principales tareas que encontrará sobre la mesa el nuevo Gobierno –especialmente la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, y la de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, Raquel Sánchez–, a las que se suma la gestión de los fondos europeos como absoluta prioridad. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia será el tema sobre el que pivote la Conferencia de Presidentes que Moncloa ha convocado en Salamanca el próximo 30 de julio.
La incertidumbre sobre cómo se repartirán los fondos europeos ha sido una queja constante por parte de los Ejecutivos regionales en los últimos tiempos. A las autonomías les corresponderá cerca del 50% de los 69.500 millones que llegarán a España entre 2021 y 2023 –un porcentaje que transmitió hace meses Sánchez a los líderes autonómicos– sin que estos tengan muy claro aún cuál será el sistema para un proceso que, según el canario Ángel Víctor Torres, requiere "un gran pacto de Estado".
"No conozco en qué consiste la cogobernanza ni conozco en qué consiste el reparto objetivo, ordinario y con criterio de los fondos –afirmó el 5 de julio Alberto Núñez Feijóo durante unas jornadas organizadas por El Economista–. La cogobernanza en el orden y en el reparto de esos fondos desde luego nosotros la ignoramos de momento". Feijoó se quejó, por ejemplo, de que el Ministerio de Industria y Turismo vaya a gestionar 12.000 millones de forma "centralizada" y aseguró que solo Sanidad ha hecho repartos con "criterios contrastados". El presidente gallego reclamó mejoras en ese sentido.
Varias comunidades han apremiado, además, a Hacienda a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para preparar el asunto de los fondos y también para que les traslade la senda de déficit y el techo de gasto para empezar a trabajar en los presupuestos. "El trabajo previo y posterior es todavía más importante", dijo en ese mismo foro el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que puso el énfasis en que las "reglas del juego sean justas y apuesten por la sostenibilidad, la transformación digital", además de tener en cuenta la despoblación y a la España interior. El reto demográfico es compartido por algunas comunidades, como Asturias, y por el propio Sánchez, que lo elevó a la vicepresidencia cuarta que ostenta Teresa Ribera. "Necesitamos una auténtica política de Estado", afirma Adrián Barbón, que también confía en que los fondos europeos sirvan para catapultar a los jóvenes.
La transformación industrial a través de los fondos europeos es una reclamación de las comunidades, entre ellas Asturias –que aplaude que el Gobierno recogiera su petición de que la Unión Europa establezca un ajuste en frontera que proteja la producción, especialmente del acero, frente al "acero sucio", así como la elevación en las compensaciones por derechos de emisión de CO2 que contribuyen a ayudar a las empresas– o Extremadura, que pone el énfasis especialmente en las energías renovables, al igual que Castilla-La Mancha.
El gran caballo de batalla de los presidentes regionales es la renovación del sistema de financiación autonómica, que lleva caducado desde hace siete años. El que más se mueve es el valenciano Ximo Puig, cuya región es la más castigada por el actual sistema, según admite el Gobierno, lo que le ha llevado a sellar alianzas inesperadas con presidentes del PP, como el andaluz Juanma Moreno Bonilla. Ambos se han emplazado a una cumbre en Sevilla el próximo mes de septiembre para abordar el asunto.
Puig es, dentro del PSOE, uno de los principales defensores del Estado federal, junto con la balear Francina Armengol. "España es mucho más que Madrid, el poder tiene que bascular a la periferia", expresó la socialista en el Cercle d’Economia. Es un análisis compartido por el valenciano, quien considera que hay que "descentralizar el Estado". "Madrid es la aspiradora de recursos", señalan desde la Generalitat valenciana, cuyo presidente ha propuesto, por ejemplo, que la sede de Puertos del Estado se traslade a esa comunidad y abandone la capital. Su gran exigencia, por otro lado, es que se acelere el Corredor Mediterráneo, que lleva retraso.
Abrir el melón de la financiación autonómica disparará la guerra entre comunidades porque las discrepancias entre ellas son notables. A pesar de que el nombramiento de Isabel Rodríguez como ministra de Política Territorial reconcilia a Emiliano García-Page con Sánchez, hasta cierto punto, Castilla-La Mancha advierte: "Se tendrá que abordar con las reglas que hay encima de la mesa". El mensaje va dirigido a Moncloa para que no haya una negociación singular del asunto con Catalunya y se haga de forma multilateral.
Y es que Catalunya es uno de los grandes retos que tiene Sánchez para la legislatura y en el PSOE reconocen que es en esa negociación en la que se jugará en buena medida su continuidad en Moncloa. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, recibió al nuevo Gobierno sin especial entusiasmo y advirtió de que lo importante no es el "quién" sino el "qué". "Lo que esperamos es que la comisión bilateral Estado-Generalitat prevista para finales de este mes de julio pueda avanzar en lo que es el ámbito de inversiones y de conflictos sectoriales que están abiertos", expresó Aragonès. Una de las primeras cosas que ha hecho la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha sido poner fecha a la comisión bilateral que Sánchez y Aragonès apalabraron en su reunión en Moncloa: será el 2 de agosto, antes del parón estival. En su estreno como portavoz, Rodríguez hizo una declaración de intenciones al plantear que se hable de Catalunya en sentido positivo, por ejemplo, como una potencia industrial con "lazos" con otras regiones como la suya.
Aragonès avisó, además, al Gobierno de que "se organice como quiera", pero que plantee una "propuesta para la resolución del conflicto político" en Catalunya del mismo modo que él defenderá "la amnistía y el ejercicio de la autodeterminación". Los socialistas rechazan de plano ese planteamiento y pretenden avanzar en temas relacionados con el autogobierno y, sobre todo, reducir los argumentos del independentismo.
Isabel Díaz Ayuso dejó claro en su reunión con Sánchez que su principal preocupación es precisamente Catalunya. "Estamos en manos de esas minorías que odian a esta gran nación de ciudadanos libres e iguales", expresó la presidenta madrileña en Moncloa. En cuanto a los asuntos regionales, se limitó a un puñado, como reclamar inversiones pendientes para Cercanías, autorización para que más centros puedan aplicar la terapia CAR-T, una EBAU única para todo el país y fondos para mantener las ratios bajas de alumnos en las aulas.
La dirigente conservadora aprovechó para mostrar su desacuerdo a la armonización fiscal por la que apuesta el Gobierno, pero que también reclaman ejecutivos autonómicos, incluidos algunos del PP, que se quejan del dumping fiscal de la Comunidad de Madrid, que compite de forma desleal con otros territorios.
Además de Catalunya, Euskadi tiene una especial relevancia para Sánchez dado que el PNV es uno de los socios que más estabilidad le da. Para Iñigo Urkullu la vehiculización de los fondos europeos es una prioridad, pero la exigencia primordial es que cumpla con los compromisos alcanzados en las distintas negociaciones, especialmente en la investidura, en materia fundamentalmente de transferencias e inversiones. Los nacionalistas vascos aprietan, además, para que se transfiera la gestión del Ingreso Mínimo Vital, tal y como se acordó para octubre de 2020 y que aún no se ha ejecutado. También con ERC se pactó esa transferencia a Catalunya y no se ha llevado a cabo.
El otro pilar fundamental de las reclamaciones de los presidentes autonómicos es el de las infraestructuras, un capítulo en el que el Gobierno aún tiene tajo por delante: finiquitar el tren a Extremadura, cumplir con las inversiones de la alta velocidad en Euskadi, mejorar las conexiones de Castilla-La Mancha con el oeste y el sur, finalizar la Variante de Pajares y conectar por AVE Asturias y Madrid, "corregir las carencias del mapa ferroviario" de Andalucía que afectan principalmente a las provincias de Jaén y Huelva a la par que se desarrolla el AVE a Almería, son algunas de un largo etcétera de demandas que acompañarán al nuevo Ejecutivo en el camino que tiene por delante hasta las elecciones de 2023.
