Las elecciones anticipadas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid tienen como último destino 2023. Isabel Díaz Ayuso pilotará con una holgada mayoría –junto con Vox, al que necesita para sacar adelante las cuentas y cada una de sus leyes– una legislatura corta que desembocará en unos comicios en dos años. Con ese horizonte, la primera medida puesta en marcha por Ayuso al ser reelegida presidenta ha sido hacerse con el control de Telemadrid aprobando una ley para cargarse a su dirección elegida en 2017 por una amplia mayoría de la Cámara de Vallecas. Al frente del ente público ha colocado a José Antonio Sánchez, un viejo amigo del PP. Fue también el encargado de perpetuar el mayor ERE de la historia en la región: despidió a 829 trabajadores de la televisión pública de los 1.169 que tenía en plantilla. El 74%.
Sánchez siempre ha sido el hombre elegido por el PP para tomar el control ideológico en los medios de comunicación públicos. Después de hundir a la televisión madrileña en audiencia y arruinar sus cuentas bajo las órdenes de los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González, fue ascendido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2014. Su destino fue entonces RTVE y allí volvió a repetir lo que había hecho en Telemadrid durante los gobiernos de Aguirre: hacer de la televisión pública de todos los españoles un uso partidario en favor del Partido Popular. Esos cuatro años al frente de RTVE, Sánchez se jactó de votar al PP y presumió de aparecer en los papeles de Bárcenas por cobrar del partido mientras trabajaba en ABC.
Los sindicatos de Telemadrid ya han expresado su rechazo al nuevo administrador provisional –si no hay acuerdo con la oposición puede ser indefinido– y no tienen dudas de que su nuevo cometido de regreso a la televisión madrileña será volver a ponerla al servicio del PP de cara a las elecciones de 2023, que serán cruciales para Isabel Díaz Ayuso. Tanto si solo pretende seguir al frente de la Comunidad de Madrid como si sus aspiraciones ascienden al ámbito nacional, como algunos pesos pesados de la formación que lidera Pablo Casado ya no dudan.
La hoja de ruta de Ayuso es clara, según las últimas medidas anunciadas. El primer objetivo –hacerse con el control de Telemadrid– ha salido adelante sin fisuras gracias al apoyo de Vox. Para los siguientes pasos, la presidenta de la Comunidad de Madrid también necesita a la extrema derecha. Todo ello redoblando el choque de trenes contra el Ejecutivo de coalición que preside Pedro Sánchez.
Ayuso convocaba las elecciones anticipadas el 10 de marzo con un balance vacío en gestión. Fue incapaz de sacar adelante unos presupuestos y solo aprobó un proyecto legislativo, la enésima reforma de la ley del Suelo. La estrategia ahora es completamente diferente. Para esta nueva etapa, ya sin Ciudadanos en el Gobierno ni la Asamblea de Madrid y con una amplia mayoría, la presidenta madrileña pretende llevar numerosas propuestas al Parlamento regional.
La primera ha sido la modificación de la ley de Telemadrid para tomar el control. La segunda será una ley educativa para blindar la enseñanza concertada. En otoño llegarán a la Asamblea los primeros presupuestos de Ayuso como presidenta. Esas cuentas llevarán consigo una rebaja de impuestos "histórica", que supondrá una bajada de 0,5 puntos en el IRPF. La rebaja impositiva beneficia a las rentas altas y merma las cuentas públicas ya que la administración regional dejará de recaudar 300 millones al año. Como siempre ha hecho el PP en sus rebajas fiscales, los madrileños lo notarán en sus nóminas en año preelectoral.
La última pata del plan pasa por seguir alimentando el enfrentamiento constante con el Gobierno de Sánchez, que ya empieza a molestar a algunos dirigentes en el PP porque desdibuja la figura de Casado. Ayuso no dudó el pasado viernes, tras su encuentro con el presidente del Gobierno, en presentarse como su oposición real y hasta aseguró que era su "responsabilidad". Ayuso ejerció de líder nacional y se erigió como la última alternativa a Sánchez.
Durante su intervención desde la Moncloa, la presidenta madrileña se dedicó a atizar al Ejecutivo por su política en Catalunya tras la concesión de los indultos y, especialmente, a las fuerzas parlamentarias que apoyan a la coalición. "España está secuestrada en manos de minorías que la odian", afirmó. Y añadió: "Mi principal misión en esta reunión ha sido recordarle al presidente cuál es nuestro proyecto como comunidad y preguntarle cuál es el suyo, a dónde quiere llevar a España".
Ayuso también ha querido convertir esta semana las protestas en Cuba un asunto nacional, al igual que la derecha lleva haciendo con Venezuela los últimos años. La presidenta madrileña volvía a presentarse como la única defensora de la libertad: "Lo más importante es no perder la libertad en aquellos lugares donde aún está asegurada como es el caso de Madrid o España. Ir a más y saber organizarnos siendo conscientes de que cada vez más en todos los lados del mundo, no nos es ajeno. Ante cada cita electoral aquellos que defendemos la libertad sin ambages debemos organizarnos", aseguró el lunes durante la presentación del libro de un exalcalde de Caracas.
El último enfrentamiento iniciado por la dirigente regional ha sido a cuenta de las vacunas. Ayuso solo ha inoculado el 87,9% de las dosis que ha recibido por parte del Gobierno situándose a la cola de las comunidades autónomas. Mantiene almacenadas 911.892 vacunas. El Ejecutivo ha paralizado la citación de primeras dosis para inocular Pfizer, asegurando que las 380.000 que guarda de esta marca están comprometidas para segundas dosis, a pesar de que recibe cada semana nuevas.
El Gobierno que preside Ayuso reclama más vacunas al Ministerio de Sanidad porque, según asegura, está recibiendo este mes "la mitad de la dosis de Pfizer que entregaba en junio". Esta afirmación contrasta con los datos ofrecidos por el Ministerio. Según su último informe, el Gobierno central entregó a la región 1,6 millones de dosis de esta marca en junio. A mitad del mes de julio, día 15, los sueros que ha recibido la autonomía gobernada por Ayuso ascienden a 700.000. La mitad, como sostiene el Ejecutivo regional, serían 400.000.
Un ejemplo más de que la necesidad del enfrentamiento que busca constantemente Díaz Ayuso contra el Gobierno, en el que el relato se ha convertido en lo más importante al margen de los datos.
