Las denuncias de agresiones a personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) se han acumulado notablemente en toda España en las últimas semanas, según las estadísticas. Ante esa realidad, partidos progresistas, organizaciones a favor de la igualdad y también los manifestantes que el lunes salieron en masa por todo el país para condenar el asesinato del joven Samuel, ocurrido el pasado fin de semana en A Coruña, señalan como uno de los orígenes de esa violencia los discursos homófobos y de exclusión que defiende la extrema derecha de Vox. Unas políticas que ya se han materializado en algunas instituciones con el beneplácito del Partido Popular, que en su día recurrió la ley del matrimonio igualitario y que se dispone también a llevar a los tribunales la ley trans, aprobada la semana pasada por el Gobierno.
"Mientras haya personas y formaciones políticas que promocionen el odio, la exclusión, la xenofobia y la homofobia, el trabajo de la sociedad será sin descanso y arduo", reconoció este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por las movilizaciones en repulsa del asesinato de Samuel. Aunque la también ministra de Hacienda pidió "cautela" para esclarecer los motivos del crimen, recordó que "los testigos hablan de frases homófobas", por lo que su conclusión es que "una persona, por su condición sexual, fue agredida brutalmente hasta el asesinato".
El domingo, solo un día después de la agresión mortal, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 aseguraba que los "delitos de odio, y los discursos de odio que son su caldo de cultivo, no pueden tener cabida en una sociedad democrática". El portavoz parlamentario de Unidas Podemos también se había expresado en términos similares poco antes a través de un tuit en el que citaba algunas de las frases homófobas verbalizadas por Vox. "Habrá quien diga que todo este discurso de odio hacia las personas LGTBI que emiten constantemente los socios de PP y Cs y muchos medios amplifican no tiene nada que ver con los actos de violencia física que se están multiplicando en los últimos meses. Habrá quien lo diga", apuntaba.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, señaló por su parte este lunes que agresiones como la de Samuel acercan a España "a Hungría" y habló de un "problema social" que existe y que "hay que abordar". "Estas alusiones a la intolerancia, al odio, estas alusiones a que el colectivo LGTBi es enfermo" o "que la violencia machista no existe van calando, tenemos una regresión en derechos y libertades", sostuvo García en una entrevista en La Sexta, haciendo alusión tanto a los discursos de Vox como a las políticas puestas en marcha por las derechas en contra de la diversidad y la igualdad.
Por exigencia del partido de Santiago Abascal, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid –gobernado en coalición por PP y Ciudadanos– se volvió a negar la semana pasada por segundo año consecutivo a colgar en la fachada del consistorio la bandera arcoíris que reivindica los derechos LGTBI con motivo de la celebración del Orgullo. Además, el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside la popular Isabel Díaz Ayuso se mostró el pasado mes dispuesto a modificar las leyes "de género" y LGTBI de la región, después de que Vox, que apoyó con sus votos la investidura de la presidenta, lleve meses insistiendo en pedir la derogación tanto de la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, así como la de protección Integral contra la LGTBIfobia.
En la Región de Murcia, los tres diputados díscolos de Vox que en marzo, junto a tres tránsfugas de Ciudadanos, apoyaron al Gobierno del PP para hacer fracasar la moción de censura registrada allí por el PSOE y el partido de Inés Arrimadas, acordaron ese mismo mes con el equipo del presidente popular Fernando López Miras, la aprobación del llamado 'pin parental'. Se trata del reconocimiento de la capacidad de veto de los padres para que sus hijos reciban charlas o clases sobre diversidad sexual o igualdad. En Murcia la consejería de Educación está en manos de la extrema derecha. Y en Andalucía, donde PP y Ciudadanos gobiernan la Junta gracias al apoyo de Vox, el partido de Santiago Abascal también exige la aplicación de ese veto con la permanente amenaza de dejar caer al Ejecutivo de derechas.
Todas esas decisiones son la traslación a las instituciones de los discursos de Vox contra las personas LGTBI y sus derechos. Abascal siempre sostiene, por ejemplo, que "el matrimonio es una institución que une al hombre y a la mujer". "Nosotros no consideramos que la relación entre dos hombres o entre dos mujeres sea un matrimonio. Sí una unión civil que necesita ser regulada. Creo que es bueno que las personas se unan, que dos hermanas viudas, o dos amigos viudos puedan hacerse una unión civil para cuidarse unos a otros o legar", llegó a asegurar el líder de la extrema derecha española, en 2019.
El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó lo siguiente en enero de 2020, en una entrevista en El Mundo: "El problema es que en España hemos pasado de un extremo a otro. De pegar palizas a los homosexuales a que ahora esos colectivos impongan su ley. Y de la mujer con la pata quebrada y en casa, a no poder nombrar a hombres en el Ministerio de Igualdad. Nos estamos volviendo locos". La líder de la extrema derecha en Madrid, Rocío Monasterio, ha sostenido, por su parte, que "el orgullo gay es una caricatura y una jornada denigrante", y Juan Ernesto Pflüger, responsable nacional de prensa de Vox, remarcó hace ya años que en las relaciones homosexuales no hay amor: "Es solo vicio".
En paralelo a estas declaraciones y a las actuaciones de la extrema derecha en las instituciones, siguen acumulándose las denuncias por agresión por parte del colectivo LGTBI. Este mismo fin de semana una mujer trans ha denunciado haber sido objeto de violencia verbal y física en Santiago de Compostela y un joven en Madrid ha contado que un policía le propinó un bofetón e insultos homófobos.
Estas agresiones se unen al ataque perpetrado en Valencia contra un joven al que dieron un puñetazo y golpes por todo el cuerpo al grito de "maricones" o a la agresión a una pareja de hombres con una porra extensible en A Coruña. En Catalunya son varios los ataques denunciados en el último mes, mientras que Basauri (Bizkaia) ocupó todos los titulares a principios de junio por la agresión a un joven que acabó en el hospital al que llamaron "maricón de mierda".
El monitoreo que hacen anualmente los observatorios contra la LGTBIfobia de varias comunidades apunta a que este tipo de incidentes crece cada año, pero hay que tener en cuenta que se trata de las denuncias que hacen los propios afectados. Los datos disponibles de 2020, con las peculiaridades de la pandemia, apuntan a conclusiones contrapuestas: algunos como el de Madrid, donde se anotaron 259 actos discriminatorios, registraron una disminución respecto a 2019, mientras que otros como la Comunitat Valenciana o Catalunya han detectado una escalada (140 y 189 respectivamente).
Portavoces de distintas asociaciones que trabajan por los derechos LGTBI, así como distintos expertos en delitos de odio, coinciden en señalar que la ofensiva antiderechos que enarbolan sectores ultraconservadores y partidos de extrema derecha como Vox son "un caldo de cultivo idóneo" para que se dispare la violencia hacia los colectivos vulnerables. Así lo explicó el lunes, en declaraciones a este diario, Laia Serra, abogada penalista experta en derechos humanos y discriminación. "Estas violencias ocurren porque los agresores se sienten legitimados para ello; entienden que la respuesta social, de sus círculos próximos, pero también a nivel comunitario, no van a reprobarlos o al menos no con mucha contundencia", señaló ella
Coincide con ella Ignacio Paredero, Secretario de Organización de la Federación Estatal de Lesbianas Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), que destaca "los discursos de odio que desde hace tiempo se están sembrando" y que "tarde o temprano siempre tienen consecuencias". Él lamenta que desde la extrema derecha "el marco que se coloca sobre la diversidad" esté vinculado "a que el colectivo LGTBI es una amenaza, o que cuando se hable de diversidad sexual se equipare con la corrupción de menores o la pedofilia". Algo que, asegura, "socialmente produce un efecto".
