Los países deben movilizar flujos de efectivo y capital con criterios y objetivos no sólo verdes, sino también sociales.
El mundo se mueve hacia una definición más amplia de sostenibilidad. Esto significa que los países tenemos que movilizar flujos de efectivo y capital con criterios y objetivos no sólo verdes, sino también con criterios sociales para lograr avances en el cierre de brechas sociales, sin comprometer el medio ambiente y los recursos naturales. Esto es especialmente importante en economías emergentes, como la mexicana, que son las economías de donde vendrá la mayor parte del crecimiento global.
La política financiera sustentable es una herramienta fundamental para transitar hacia una senda de crecimiento sostenible y, en los últimos años, México ha implementado reformas para movilizar recursos, tanto públicos como privados, usando este tipo de criterios. Un ejemplo de esto es la emisión del primer bono soberano sustentable vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lanzado hace un año, que colocó a nuestro país como uno de los líderes globales en materia de política financiera sustentable.
La emisión de este bono se dio, entre otras razones, porque México ha sido pionero en la utilización de herramientas innovadoras de gestión financiera pública, como el Presupuesto público para vincular los ODS promovidos por la ONU. Actualmente, alrededor de 79 por ciento de las partidas del Presupuesto federal del 2021 de México están vinculadas con al menos uno de los 17 ODS.
La particularidad del bono sustentable de México es que usa criterios de sostenibilidad en su definición más amplia e incluye estándares internacionales para incorporar criterios verdes y sociales, asegurando a los inversionistas que los recursos se utilicen en proyectos de impacto social y ambiental.
Además, con la emisión del bono sustentable se garantiza un mayor compromiso y transparencia presupuestaria con los inversionistas; por cada bono, se generará un reporte de impacto y de asignación, centrados totalmente en la consecución de los ODS.
Estamos a menos de diez años de que se cumpla la fecha para lograr los objetivos de la Agenda 2030, es decir, de poner fin a la pobreza, la desigualdad, la injusticia, y hacer frente al cambio climático. No es una tarea fácil, y cada país enfrenta desafíos distintos y de diferente manera.
Los países de ingresos medios y economías emergentes, como México, en comparación con las economías avanzadas, enfrentan brechas de desarrollo más profundas en materia de pobreza, género, inclusión financiera, mercado laboral y salarios, además de que algunos efectos, como del cambio climático, son más severos en la población más vulnerable en términos económicos y sociales. Por lo tanto, países como el nuestro deben abordar el problema de forma integral, atendiendo no sólo los problemas ambientales, sino implementando acciones que permitan cerrar las brechas económicas y sociales.
Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible implica un esfuerzo conjunto, multisectorial y multidisciplinario y debe ser un esfuerzo de nación. Por esta razón, es fundamental promover la participación e involucramiento no solo del sector público, sino también del privado, académico y social.
Crear un ecosistema financiero sustentable que movilice capital privado y público hacia metas de sustentabilidad para financiar el cumplimiento de los ODS puede contribuir a lograr estos objetivos. A medida que el mundo transita hacia una era pos-Covid-19, la incorporación de criterios sustentables en los instrumentos financieros tendrá un impacto cada vez mayor en la decisión de los inversionistas, lo que transformará los mercados de capital.
Hoy, México tiene la oportunidad de convertirse en un líder en la innovación de política financiera sustentable para impulsar un mercado financiero local que sirva para alinear los incentivos y los flujos de dinero hacia la sostenibilidad. Por esto es importante que los criterios verdes y sociales estén en el centro de la toma de decisiones relacionadas con inversiones, manejo de riesgo, fondos de pensiones, banca de desarrollo y privada.
Los problemas asociados al cambio climático y brechas sociales son una realidad y el cumplimiento de la Agenda 2030 debe ser prioritario. Ahora, más que nunca, resulta necesario avanzar hacia un ecosistema financiero sustentable que nos permita atender los retos económicos, sociales y ambientales a través de la movilización de recursos públicos y privados. Esta es una apuesta que debemos hacer como nación, si queremos potencializar los esfuerzos y acelerar el paso hacia un crecimiento económico inclusivo y sostenido.
El autor es subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
