LA HABANA, Cuba.- En días recientes, el gobierno cubano envió a la ONU una carta en la cual ataca la reputación de Luis Robles en el marco de un proceso internacional en favor de su liberación. En el documento se intentan desvirtuar sus protestas, como sus huelgas de hambre, vestir una camiseta con consignas, etcétera (motivadas por los constantes abusos y agresiones cometidos contra él por las autoridades carcelarias), calificándolas de indisciplinas y “violaciones del reglamento penitenciario”. La huelga de hambre es una herramienta de lucha no violenta para reivindicar el cumplimiento de algún derecho o eliminar reglas o normas que la persona en huelga considera ilegítimas.
En la carta en cuestión también se pretende restar importancia a la crisis alérgica que padeció a consecuencia de su encierro de varios días en celda de castigo: una erupción generalizada en la piel, provocada por la humedad existente en esas celdas, y por la cual no recibió tratamiento sino hasta después de denunciada la situación.
Un fragmento del texto expresa: “Lamentamos profundamente que se continúen presentando delincuentes comunes de pésima conducta bajo el noble calificativo de defensores de derechos humanos”. La criminalización de la protesta es una estrategia muy empleada por la dictadura castrista, en la cual se modifican las leyes para poder encarcelar a activistas sociales, además de aplicar otras medidas –fuera de la ley– como señalar, hostigar, perseguir, encerrar, y hasta torturar y asesinar a quienes defienden otras opciones políticas, comparándolos con delincuentes y/o terroristas. Se trata de una forma de terrorismo de Estado para lo cual el gobierno cubano se vale de magistrados, policías, militares, colaboradores y medios de comunicación oficialistas.
Es necesario subrayar que, de acuerdo con una fuente cercana al joven, Luis Robles no tiene antecedentes penales. Pero incluso si ese fuera el caso, no hay que olvidar que los derechos humanos son inalienables. Esto significa que nos corresponden por el mero hecho de ser personas y nadie nos puede privar de ellos. Si alguien comete un delito, deberá ser juzgado con las debidas garantías procesales y, si se le encuentra culpable, recibirá una pena que debe guardar proporción con el delito. En ningún caso esto significa que una persona pierde sus derechos por haber infringido la ley.
Es importante agregar que la injuria y la difamación son delitos, al menos internacionalmente. Toda persona tiene derecho a la protección de su honra y su reputación (el derecho a la vida privada) y este derecho está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12) y protegido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), del cual el Estado cubano es signatario y por lo tanto está obligado a cumplir: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. Lo mismo establece en nuestra área geográfica el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
Luis Robles Elizástegui es graduado del Instituto Politécnico de Informática José Marcelino Maceo Grajales, de Guantánamo. Este joven guantanamero migró hacia La Habana hace unos ocho años en busca de mejores oportunidades. Es casado y padre de un niño de dos años.
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