14.500 euros para las nuevas madres en Madrid que tengan menos de 30 años. Pero no a todas las madres jóvenes, porque hay niños de primera y de segunda.
La medida estrella anunciada por Isabel Díaz Ayuso en su discurso de investidura esconde un fondo xenófobo, nacionalista y que hay que denunciar. A primera vista, el plan no suena mal: una ayuda de 500 euros al mes, a partir del quinto mes de embarazo y hasta que el bebé cumpla dos años, para todas las madres que tengan menos de 30 años al dar a luz. Pero la letra pequeña deja fuera a miles de mujeres: solo pueden disfrutar de estas ayudas aquellas que lleven al menos una década empadronadas en Madrid. Una década de como mucho tres: al menos un tercio de tu vida.
Este requisito pretende dejar fuera a unas madres, a unos niños, a los que el Gobierno de Madrid ha decidido deliberadamente discriminar: a las migrantes. Fundamentalmente a las extranjeras, pues son muy pocas las que llevan diez años. Pero también a todas esas jóvenes que emigran desde otras provincias a Madrid para estudiar o trabajar, y que rara vez acumulan una década de antigüedad en el padrón municipal antes de cumplir los 30 años. Como legalmente no se puede discriminar por el color de la piel o por el país de origen, se aplica este otro requisito, que también deja fuera a las jóvenes de Burgos o de Toledo que ahora viven en Madrid. Vox no tiene nada en contra de ellas, seguro, pero qué se le va a hacer.
Son mujeres –todas ellas, también las extranjeras– que pagan impuestos como las demás. Exactamente igual. Y añadir este requisito de los diez años a estas nuevas ayudas solo se explica si el objetivo es agradar a Vox: que muchas inmigrantes extranjeras –que son las que más niños tienen antes de cumplir los 30– no reciban esta subvención. Que paguemos por los niños, pero por los niños blanquitos y con pedigrí madrileño. No por esos niños a los que Vox tacha de delincuentes y que quiere expulsar del país.
Otras comunidades también establecen requisitos de antigüedad en el padrón para acceder a ayudas públicas. Pero no tan largos y no para un caso así, donde existe otro límite de edad –los 30 años máximos–. En Valencia, la renta mínima de inclusión requiere un año en el padrón. En Catalunya hacen falta cinco, pero no es para menores de 30. En Galicia basta con estar empadronado para acceder a las ayudas a la maternidad.
Pocas cosas dicen más de los valores y la ideología de un gobierno que el diseño de sus ayudas sociales. Porque el dinero público se puede repartir de dos maneras: con medidas progresivas, que ayudan más a quienes más lo necesitan, o con medidas regresivas, que son una suerte de Robin Hood pero al revés. Consiste en robar a los pobres para darle el dinero a las clases medias o a los ricos.
El Robin Hood de los ricos lleva un cuarto de siglo gobernando en Madrid. Es una política clasista que se nota en todos los detalles, como que Madrid sea la región de Europa con mayor segregación escolar, solo por detrás de Turquía. Es un neoliberalismo ‘a la madrileña’ que fundó Esperanza Aguirre tras el ‘tamayazo’, inspirada en la ladrona de leche. Es un árbol de dos ramas: el PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox. Por eso, entre ellos, se entienden tan bien. Una habla de "mantenidos y subvencionados". Los otros, de "estercoleros multiculturales". Y el consenso entre ambas posturas son subvenciones clasistas, como las que Ayuso ha anunciado este jueves.
Si eres un millonario que quiere emigrar a Madrid para beneficiarte de las rebajas del 99% en el impuesto de sucesiones, basta con dos años de residencia para no pagar. Si eres una madre joven que quiere optar a una ayuda pública, el mismo Gobierno autonómico te pide diez años de antigüedad. Porque no se trata de subvencionar la natalidad. Ni de ayudar a las mujeres más precarizadas. Esto va de subvencionar a los niños que quiere Vox. Y no a los demás.
"Madrid es una ciudad en la cual nadie te pregunta de dónde vienes", dijo Ayuso el pasado 15 de mayo. Salvo que pretendas cobrar una ayuda a la natalidad.
