La intención del Gobierno de coalición de recortar los ingresos de las centrales hidroeléctricas y nucleares puede tener consecuencias «indeseadas» a medio y largo plazo, según AleaSoft, compañía especializada en realizar previsiones de producción y de precios en el sector energético.
«Un cambio regulatorio de este calado hará aumentar la preocupación entre los inversores por la inseguridad que generará y podría poner en peligro las inversiones necesarias para la transición energética», afirman en un reciente informe.
La intención del Gobierno es recortar los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ o ‘windfall profits’ a las centrales hidroeléctricas y nucleares más antiguas que se consideran amortizadas. El objetivo es abaratar el coste de la factura eléctrica haciendo que hidroeléctricas y nucleares paguen también los costes de los derechos de emisión de CO2, responsables en parte del aumento actual de los precios en los mercados eléctricos europeos, aunque no emitan CO2 ni gases de efecto invernadero. El coste para las empresas afectadas sumaría unos mil millones de euros al año.
Según AleaSoft, este anuncio tendrá un impacto muy negativo en el interés de los inversores en renovables. Para la transición energética, para los objetivos de capacidad renovable de 2030, para los objetivos medioambientales de 2050, en los próximos 30 años se van a necesitar billones de euros en inversiones y «la incertidumbre regulatoria que una medida como esta introduce es una mala señal».
El informe subraya que «la intervención en los mercados con leyes y decretos ya se ha visto que suele tener consecuencias negativas en el medio y largo plazo. Lo que se necesita para estimular las inversiones son mercados sólidos y estabilidad regulatoria».
Además de poner en riesgo las inversiones necesarias para financiar la transición energética, se están recortando ingresos a dos tecnologías no emisoras de CO2. La hidroeléctrica es una tecnología renovable que además es completamente gestionable, privilegio del que no gozan la eólica y la fotovoltaica, por ejemplo, indica el informe.
Más costes para la nuclear
El anteproyecto de ley que propone el Gobierno «aumentaría más los costes de producción y venta de la energía nuclear que, aunque popularmente se consideran instalaciones ya amortizadas, son costes altos que pueden poner en peligro la viabilidad de estas centrales. Un cierre anticipado de las centrales nucleares llevaría, sin duda, a un aumento de las emisiones de CO2 en el corto y medio plazo, al tener que reemplazar su producción con centrales de gas de ciclo combinado. Esto, además, provocaría un aumento de los precios en el mercado eléctrico y, consecuentemente, un aumento del precio de la factura eléctrica».
Por otro lado, «la inseguridad» que una medida como esta provoca en los inversores en renovables «es preocupante». Por ejemplo, un inversor en fotovoltaica puede pensar que en un futuro es posible que también se le acaben cargando parte de los costes del CO2 bajo un pretexto similar a los ‘windfall profits’, «por lo que se lo pensará dos veces a la hora de invertir en España y buscará y encontrará opciones en otros países europeos que le transmitan más seguridad».
El simple anuncio de una ley de este tipo ya tiene consecuencias visibles. Justo después del anuncio del Gobierno, las empresas españolas propietarias de las centrales hidroeléctricas y nucleares afectadas sufrieron caídas importantes en la Bolsa. «Esto es un reflejo de la inseguridad causada en los inversores frente a la inseguridad jurídica y regulatoria».
