El grupo Ciudadanos consiguió ayer, con el apoyo de PP, UPL y Por Ávila, aprobar una proposición no de ley para pedir al Gobierno, a través de la Junta, la rebaja al 10 por ciento del IVA que se aplica al consumo eléctrico, así como un periodo transitorio para la aplicación de la nueva factura hasta que se recuperen completamente los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia.
La iniciativa, que contó con el voto en contra de PSOE, Podemos, Vox y María Montero, fue defendida por el portavoz de la formación naranja, David Castaño, quien señaló en su intervención que «el Gobierno de España vuelve a fallar, no se hace política para las personas, sino en contra de ellas», por lo que pidió «el indulto eléctrico para las familias».
El procurador de Podemos-Equo, Pablo Fernández, presentó una enmienda que no fue aceptada y, aunque reconoció que la subida de la luz es «una mala y pésima noticia», se justificó en que su partido, aunque esté en el Gobierno de España, tiene menos presencia en el Parlamento y se ve obligado a asumir decisiones que no comparte. Apeló, no obstante, a la creación de una única empresa pública estatal como fórmula para acabar con «el oligopolio» y con las «puertas giratorias».
La socialista Rosa Rubio tachó de «demagógica» la proposicón de Ciudadanos, a los que reprochó que se acuerden ahora de las familias vulnerables sin llegar a apoyar medidas para beneficiarlas. Señaló, además, que la nueva factura eléctrica fomentará un consumo más eficiente. Mientras, para el popular Vidal Galicia, la PNL «es oportuna y está argumentada», ya que consideró que la subida y los nuevos hábitos van a ser perjudiciales para los usuarios y va a perjudicar a la actividad productiva con un incremento en las horas punta, igual que para los agricultores en el regadío, por lo que pidió una moratoria en los meses de verano.
Beneficios fiscales
Durante el pleno celebrado ayer se rechazo con los votos de PP, Ciudadanos y Vox la proposición no de ley del Grupo Socialista que respaldó el resto de la oposición que pedía en un plazo máximo de tres meses un proyecto de ley de incentivos, con medidas fiscales y ayudas equivalentes, a la actividad económica, el acceso a los servicios y la creación de empleo en el medio rural, informa Ical.
La viceportavoz socialista, Virginia Barcones, explicó que la iniciativa busca que vivir en el medio rural «no exija un compromiso de heroicidad», sino que quienes lo hagan tengan los mismos derechos y oportunidades. Defendió que se ajusta al principio de equidad de la Constitución y al mandato del Estatuto de Autonomía para que los jóvenes se puedan quedar en su tierra.
