Un dato refleja mejor que ningún otro la realidad económica del sector público en el año de la pandemia. El conjunto de las administraciones públicas gastó el año pasado 123.070 millones de euros más de lo que ingresó. La financiación ha corrido a cargo de la deuda pública, adquirida, en su totalidad, por el Banco …
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Un dato refleja mejor que ningún otro la realidad económica del sector público en el año de la pandemia. El conjunto de las administraciones públicas gastó el año pasado 123.070 millones de euros más de lo que ingresó. La financiación ha corrido a cargo de la deuda pública, adquirida, en su totalidad, por el Banco Central Europeo (BCE). ¿En qué se lo ha gastado? ¿Cuáles han sido sus prioridades? Lo que revela la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es que prácticamente la totalidad del desequilibrio fiscal se ha destinado a gasto corriente y una cantidad residual –el 1,8%– a formación bruta de capital fijo. Es decir, a inversiones.
En concreto, la mayor parte del déficit –equivalente al 10,97% del PIB– se ha destinado a financiar prestaciones sociales. En total, 31.276 millones más que un año antes, cuando no había aparecido la pandemia, lo que supone alrededor de la cuarta parte de la desviación entre ingresos y gastos. En este caso, las mayores partidas corresponden al pago de los ERTE y demás subsidios de desempleo relacionados con el covid, que han consumido 15.549 millones adicionales; otros 3.859 millones se han destinado a la prestación por cese de actividad de los autónomos; y 2.112 millones a incapacidad temporal por periodos de aislamiento.
La otra gran partida tiene que ver con el abono de subvenciones, que han registrado un incremento del 71%, hasta los 21.420 millones
Esos 31.000 millones de gasto extra son prácticamente la misma cantidad que ha descendido la remuneración del conjunto de los asalariados en 2020 (31.020 millones), lo que significa que el sector público ha sostenido las rentas perdidas por la pandemia, si bien no han sido suficientes para compensar las rentas no salariales.
La otra gran partida tiene que ver con el abono de subvenciones, que han registrado un incremento de nada menos que del 71%, hasta los 21.420 millones de euros. De ese incremento, el 85,8% se ha gestionado desde la Seguridad Social, que ha financiado las bonificaciones y exoneraciones de cuotas en los sectores más vulnerables a las restricciones de la movilidad: turismo, comercio u hostelería.
Equiparación salarial
La tercera partida tiene que ver con el sueldo de los empleados públicos, que se ha incrementado un 4,5%, hasta los 140.470 millones. Esto se debe a la confluencia de varios factores, como la subida salarial pactada con los sindicatos (2%); la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos, 800 millones en 2020 frente a los 560 millones de un año antes; la paga extraordinaria a sanitarios por su “especial desempeño en la pandemia en algunas comunidades”, como sostiene la IGAE, con un importe conjunto de 206 millones; y el aumento en el número de efectivos, sobre todo en la última parte del año, en educación y en sanidad.
¿Y qué ha pasado con las inversiones?, cuya importancia viene dada por el efecto multiplicador que tiene sobre la economía. Pues lo que ha ocurrido es que, según la IGAE, crecieron un 8,2%. O, lo que es lo mismo, 2.195 millones de euros, lo que significa menos del 2% de la desviación en el gasto público registrada el año pasado.
En el caso de las corporaciones locales el descenso equivale a un 16,1%, hasta los 6.271 millones
No todas las administraciones, sin embargo, se han comportado de la misma manera. En el caso de las corporaciones locales –ayuntamiento, diputaciones o cabildos– el descenso equivale a un 16,1%, hasta los 6.271 millones. Por lo tanto, 1.204 millones menos que en 2019 pese a la dureza de la pandemia económica. Frente a esta realidad, las inversiones de la Administración del Estado crecieron un 32%, mientras que en el caso de las comunidades autónomas el incremento fue del 9,9%.
Lo singular es que el recorte en las inversiones por parte de las corporaciones locales en un contexto económico como el actual –son intensivas en mano de obra– se ha producido cuando se trata de las únicas administraciones que mantienen superávit fiscal. En concreto, los ayuntamientos, cuya liquidez se ha disparado a lo largo del año pasado, obtuvieron un superávit equivalente a 2.870 millones, por debajo de los 3.748 millones de un año antes. Este superávit ha permitido, por ejemplo, aumentar las subvenciones un 28,6%, hasta los 1.667 millones.
Como se sabe, el Gobierno central, en línea con la decisión de la Unión Europea de suspender la aplicación de las reglas fiscales, aceptó, después de un tira y afloja con los ayuntamientos, no imponer ningún límite al gasto, lo que en la práctica habría podido aumentar las inversiones por encima de lo que marcaban los objetivos de estabilidad, aun a costa de reducir su superávit.
Pinchazo de la burbuja
El retraimiento de las inversiones respecto del gasto corriente –fenómeno que es frecuente durante todas las recesiones– no solo es patrimonio del sector público. Los recientes datos de la contabilidad nacional muestran que la formación bruta de capital cayó un 11,2% el año pasado, hasta los 229.482 millones de euros. Es decir, un recorte de 29.089 millones de euros. Por lo tanto, el 20,4% del producto interior bruto, muy lejos del 30,4% que se llegó a alcanzar el 2007 en plena fiebre inversora, principalmente en construcción, y que, como es conocido, acabó cuando se pinchó la burbuja.
Javier G. Jorrín
Por el contrario, lo que sí ha aumentado es el consumo público. En concreto, un 5,3%, lo que hace que su peso respecto del PIB haya escalado hasta el 22%. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el consumo público no incorpora todo el gasto público, sino exclusivamente partidas como el dinero destinado a servicios sanitarios, medicamentos, educativos o de protección social. O, incluso gasto en alumbrado o recogida de basuras. También los gastos en la Administración general, defensa o seguridad, sin contar el gasto en pensiones, desempleo, intereses de la deuda o, como se ha dicho, inversión pública.
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