Las expropiaciones de viviendas aprobadas ayer en Baleares han desatado un auténtico terremoto en el mercado inmobiliario que amenaza con trasladarse también a la arena política. La confiscación de 56 viviendas aprobada ayer por el Ejecutivo balear socialista se produce en pleno pulso en el seno del Gobierno de coalición a cuenta del control del precio de los alquileres y en la recta final de las negociaciones sobre la Ley de Vivienda a nivel nacional. Por ello, Ciudadanos ha registrado esta tarde una batería de preguntas con las que busca aclarar si el caso de Baleares podría encontrar reflejo en este texto y generalizarse, por tanto, en todo el país.
La diputada por Valencia del partido naranja, María Muñoz, reclama al Gobierno respuesta por escrito sobre la resolución del Govern y le reclama que aclare si «tiene pensado el Gobierno articular una medida similar de expropiación en la futura Ley de Vivienda que está elaborando». Muñoz insiste además en el coste que tiene esta medida en términos de seguridad jurídica, imagen y reputación y pide al Ejecutivo una valoración al respecto, al tiempo que solicita una lista de medidas que se van a poner en marcha para revertirlo.
De cara a la llegada de los fondos europeos, Muñoz solicita además conocer qué propuestas tiene el Gobierno en materia inmobiliaria y de vivienda para presentar a Bruselas dentro del marco del Plan de Recuperación y los fondos europeos e incide en la necesidad de que el Gobierno cuente con la opinión de expertos inmobiliarios de cara a la elaboración de la normativa de vivienda.
Lo cierto es que nueva Ley se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre Unidas Podemos y PSOE. La formación morada recordó ayer a los socialistas que la intervención de los precios del alquiler no solo es un pacto de la coalición, sino un «compromiso» con los socios de investidura de Pedro Sánchez y de los Presupuestos. Desde el PSOE, sin embargo, se despejan todos los balones y se recuerda que el escenario actual es «radicalmente distinto» tras la pandemia pues hay zonas, como zonas habitualmente con presión en los precios que ahora no están tan tensionadas por el colapso del turismo. Este es el caso, precisamente, de Baleares que, junto con Madrid y Barcelona, ha registrado la mayor caída de los precios del alquiler, en concreto, más de un 10% desde máximos.
