Cristina Cifuentes ha expuesto este viernes ante el juez su peculiar experiencia universitaria en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). No iba a clase, no conocía ni a sus profesores ni a sus compañeros, no intercambiaba correos electrónicos con el director de su Trabajo de Fin de Máster (TFM), no ha hecho referencia a apuntes, su secretaria era la encargada de intermediar con la URJC para fijar la fecha de entrega del TFM y los trabajos llegaban a la Universidad a través de un familiar, personas de su equipo o empresas de mensajería.
"Me ha parecido un despropósito. Básicamente echa por tierra las pautas de esfuerzo y estudio que todos tenemos que seguir". Así ha resumido Natalia Gómez, graduada en Historia y Periodismo por la URJC, la declaración judicial de la expresidenta de la Comunidad de Madrid como imputada por un delito de falsedad en documento oficial por instigar la elaboración del acta de su TFM, después de que elDiario.es desvelase que obtuvo un posgrado con notas falsificadas.
La experiencia de Leda D. por los pasillos de la URJC no tiene nada que ver con lo que ha expuesto Cifuentes este viernes en sede judicial. "Mi máster fue duro. Me acuerdo de todos los trabajos que realicé. Obviamente, no coincide la forma de entrega de esos documentos. Nosotros los subíamos a una plataforma", reseña esta economista que terminó en 2019 un posgrado sobre Big Data en el campus de Quintana de la Rey Juan Carlos. No es el único título que acompaña a la licenciatura de esta antigua alumna de la URJC. En su currículum hay varios. En 2005 comenzó a cursar másteres y de todos ellos conserva los trabajos y los apuntes. Un relato diferente al de Cifuentes, que ha asegurado que no guarda esos ejemplares. "No he encontrado ni mi primer borrador de tesis doctoral", ha destacado la expresidenta autonómica.
"Parece que ella ha hecho un máster en una academia y yo lo he hecho en Harvard. Todos los trámites que yo he seguido han sido mucho más serios. Sinceramente, no parece que hayamos estudiado en la misma Universidad", sentencia Leda D., que no comprende el desconocimiento de los procedimientos académicos expuesto este viernes en el juicio ya que la política retirada es funcionaria de una universidad pública.
Más allá de su carrera política, la única experiencia laboral que figuraba en el currículum que la exlideresa del PP tenía publicado cuando estaba al frente de la Comunidad se limitaba al mundo educativo. Esa pequeña biografía recogía que Cifuentes "pertenece al Cuerpo de Técnicos Superiores" de la Universidad Complutense. Además, destacaba que la expresidenta regional estaba "vinculada al mundo universitario" y había "desempeñado distintas responsabilidades institucionales en las universidades Complutense, Carlos III y Rey Juan Carlos".
Su hermana también es funcionaria en la URJC, como la propia imputada ha expuesto este viernes ante preguntas de la fiscal. Aún así, a pesar de ese contacto directo con la burocracia universitaria, Cifuentes ha defendido a lo largo de dos horas de declaración que le permitieron matricularse fuera de plazo, que no presentó dispensa académica para no acudir a clase y no ha sabido explicar por qué pagó las tasas para defender el TFM en noviembre de 2012 cuando, siempre según su versión, lo había superado en julio de ese año.
La coartada escogida por Cifuentes no ha sido bien acogida por la comunidad universitaria. El catedrático de Ecología Adrián Escudero es contundente. Asegura que la declaración de la política retirada "no merece ninguna discusión". "Una persona que se matricula en un máster oficial sabe el esfuerzo tanto económico como de trabajo que implica. Hay una guía de evaluación en la que se exponen cuáles son los pasos. Todo el mundo sabe en qué consiste la defensa de un TFM. Todo es mentira", sentencia. Y recalca: "Es un insulto a los profesores, al personal de administración y servicios y, sobre todo, a los estudiantes a los que les cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero.
Los privilegios académicos descritos y reconocidos por la expresidenta son criticados por Concha Mateos, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la URJC. Define como "el procedimiento soy yo" a la conducta expuesta por Cifuentes y totalmente dispar a los trámites exigidos a los alumnos anónimos. "No existe el procedimiento. Nadie conoce el procedimiento. Nadie puede dar información. Esto es altamente preocupante para la universidad y para la sociedad", destaca.
Se trata de un comportamiento que "está sirviendo para escudarse" a las "personas que han estado esta mañana [por este viernes] en el juicio", alega Mateos. Ante esta situación, defiende la obligación de la administración por velar para que "todas las personas de la institución conozcan, apliquen y sigan de la manera más estricta y transparente el procedimiento". "Es fácil querer matar al muerto", remarca en alusión al señalamiento que se está realizando de la actuación del fallecido Enrique Álvarez Conde, responsable del instituto que impartió el máster investigado.
El juicio gira en torno a la reconstrucción del acta con el que Cifuentes trató de justificar que había defendido su TFM. El rector, Javier Ramos, que ha declarado como testigo, ha reconocido que Rafael Van Grieken, consejero de Educación del Gobierno madrileño cuando estalló el caso, le pidió "reiteradamente" el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de su jefa el día que elDiario.es desveló que la expresidenta de la Comunidad de Madrid había obtenido un posgrado de forma irregular. Desde la Universidad accedieron y le facilitaron al Ejecutivo autonómico esa documentación, que le sirvió a la expresidenta como coartada a la que se aferró para tratar de desmentir la información publicada por esa redacción.
"Es una anomalía que un alumno tenga un acta de una defensa de TFM. Los estudiantes no tienen acceso a esos documentos", insiste Mateos. Con esta afirmación, expone que el trato de favor existió desde el primer momento en el que estalló el escándalo: "Las declaraciones en el juicio por una vía y por otra ponen de manifiesto que ha habido un proceder administrativo anómalo y favorecedor para Cifuentes. La universidad no ha gestionado de manera eficaz la aclaración de esta anomalía".
Desde los despachos de la URJC tratan de limpiar el nombre de la Universidad e insisten en remarcar que lo sucedido en el Instituto de Derecho Público es una excepción. "El funcionamiento de la mayor parte de los estudios era correcto antes de que saliera este escándalo y después lo sigue siendo. Ahora es cierto que hay más regulación para que no se puedan cometer estas irregularidades, aunque antes también había supervisión", apunta Rosa Viejo, directora del departamento de Biología y Geología, Física y Química Inorgánica. Esta docente asegura que en los másteres en los que ella da clase los TFM "se defienden ante un tribunal y luego hay un acta". Este viernes Cifuentes ha reconocido que ella no realizó ese trámite. "Yo no defiendo ni leo. Entrego un trabajo y expongo las líneas generales", ha destacado la imputada.
Por su parte, los alumnos y antiguos estudiantes continúan asistiendo a la estigmatización de sus titulaciones. "A Cifuentes no le ha importado el prestigio de la universidad para mantener su defensa. Ella se ha aprovechado de unos privilegios que le han dado desde la universidad", reivindica Sara López, graduada en Relaciones Internacionales. Actualmente está opositando y se gana la vida trabajando como camarera. A Alba Agraz le ha sacado de "sus casillas" el relato de la expresidenta autonómica. Esta joven que a falta del TFG ha terminado la doble titulación de Ciencia Política y Economía reconoce que "las redes clientelares [de la URJC] tienen parte de culpa", pero también apunta a Cifuentes: "Está menospreciando a una institución pública, que funciona gracias a los impuestos de los españoles".
