La investigación por la presunta detención ilegal de un empleado de banca el pasado septiembre en Carballo, a manos del jefe de la Policía Local, prosigue. Para aclarar lo sucedido y dilucidar por qué Roberto Mosquera trasladó al trabajador a la comisaría con la excusa de identificarlo después de que éste le pidiese al agente que se pusiera la mascarilla y pese a que le mostró su documentación, el juez de instrucción número 2 de Carballo ha llamado a declarar ya a varios testigos del polémico incidente. Entre ellos se encuentran el propio damnificado, el agente acusado, algunos empleados de la oficina que fueron testigos de lo sucedido y también el efectivo de la Policía Local que estaba en comisaría cuando el hombre entró, por la puerta de atrás, escoltado por dos agentes.
Ante el juez, este efectivo narró el pasado 11 de diciembre —y ante el abogado de Mosquera— cómo presenció la entrada del trabajador y la posterior llegada del director de la oficina en la que trabaja. También explicó que media hora después se fue sin que, como denunció el detenido, se tramitase ningún documento que acreditase su presencia allí, a lo que obligan los protocolos policiales más básicos. Ésta es una de las clave del caso que podría costarle el puesto al jefe de la Local y, también, el espinoso matiz por el que este testigo podría haber sido «castigado». Según denuncia la Asociación Profesional de Policías locales de Carballo, tan solo unos días después de que el policía local declarase ante el juez, le fue notificado un imprevisto cambio de destino. «Esta asociación profesional no tiene duda de que la decisión de traslado del mencionado agente tiene correlación directa con la colaboración que días antes había realizado con la administración de justicia. La sorpresa ha sido mayúscula dentro del colectivo de agentes ya que nunca antes un policía habría sido trasladado a prestar servicio fuera de su jefatura», señalan en un comunicado en el que también dan cuenta de que el traslado «forzoso» ha dejado «mermado» el servicio policial a pie de calle.
En sintonía con la denuncia de los agentes de Carballo está también la agrupación de funcionarios Alternativa, que acusa directamente al Gobierno liderado por el nacionalista Evencio Ferreiro de «malas artes». «Esto supone un desprecio absoluto a un profesional con casi treinta años al servicio del concello y una demostración más de que solo saben ejercer su poder a las órdenes de un jefe accidental de la Policía Local empeñado en sembrar la confrontación», afean.
Lo gravoso del caso, insisten, no es solo el traslado a un puesto fuera de la comisaría, sino la falta de margen para recurrir la decisión adoptada por el consistorio. «Se le notificó al interesado el día 30 de diciembre, con indicación de incorporación a su nuevo puesto con fecha del día 1 de enero, esto es, «ni un día hábil entre la notificación y la aplicación de la resolución». En una conversación con el agente, el concejal de Seguridad Ciudadana —denuncia el propio policía— le «dejó claro que no era voluntario» y esgrimió que «tenía el perfil que se necesitaba». «No sé si quien tomó la decisión era consciente del daño que iba a provocar...» lamenta el policía, desde principios de mes destinado por primera vez en la historia de la Policía local de Carballo a una oficina de Servicios Sociales.
