El acuerdo para la prórroga de los ERTE está cerca, pero aún quedan flecos importantes por atar. Este es el clima con el que acabó ayer la reunión de los agentes sociales para lograr la cuarta extensión de este esquema al que aún se acogen más de 750.000 trabajadores en España y que puede marcar el futuro de otras tantas empresas. Así, hay acuerdo en que los ERTE deben prorrogarse hasta el 31 de mayo, pero la pretensión de los empresarios de minorar la cantidad de exoneraciones a devolver en caso de despido no está permitiendo que se cierre un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para ampliar esta protección al empleo.
Esta cuarta prórroga permitirá que esta fórmula de protección del empleo esté vigente más allá de la fecha en la que finaliza el estado de alarma (9 de mayo) y pasada la Semana Santa, que este año se celebrará entre el 28 de marzo y el 4 de abril. Este encaje de fechas supondrá un alivio para el turismo, uno de los más castigados por la pandemia, aunque el sector sigue pidiendo ayudas directas al Gobierno para poder mantener la actividad en un año en el que prevé pérdidas millonarias.
Hay sintonía en las fechas y también ha sido bien recibida la propuesta del Ministerio de Trabajo para que las empresas puedan cambiar de tipo de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de forma automática. Así, el paso de un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor a otro por impedimento o limitación de la actividad, o viceversa, podrá realizarse sin tener que volver a tramitar un nuevo expediente. Una modificación que habían reclamado los agentes sociales y que permitiría agilizar los expedientes y evitan un nuevo colapso administrativo que sigue provocando atrasos en los pagos de prestaciones.
En este caso el cambio implicaría que se aplicase las correspondientes exoneraciones al empresario en función del ERTE en el que se encontrara. Las empresas cuya situación se viese modificada en estos términos deberán comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, así como los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese aprobado el expediente.
Entre los requisitos figura que las compañías que hayan comunicado el cambio de situación a la autoridad laboral deberán presentar una declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo esta suficiente para la aplicación de los porcentajes de exención correspondientes en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa en cada momento. Así, la autoridad laboral trasladará la comunicación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, siendo ésta la única entidad que podrá verificar la concurrencia de los hechos que determinen la procedencia de las exenciones en el pago de las cuotas, matiza el documento que se debate ahora mismo en la mesa.
La negociación está siendo más sencilla que en las anteriores ocasiones pues se trata de extender un acuerdo anterior sin introducir cambios sustanciales. No obstante, la reclamación por parte de los empresarios de rebajar la cláusula de mantenimiento del empleo está siendo el elemento discordante en la mesa y ha enfrentado a CEOE con el ministerio de Trabajo y con los sindicatos.
Para los empresarios es vital conseguir minorar la penalización que actualmente está especificada en esta cláusula y que implica la devolución de las exoneraciones recibidas por toda la plantilla en caso de que se despida a un único trabajador. En concreto, los empresarios piden que se suavice esta imposición y que se devuelvan las exoneraciones recibidas pero solo de los trabajadores que finalmente tengan que ser despedidos.
Además, los ERTE están vinculados a unas limitaciones al despido por causas objetivas, lo que se traduce en encarecer la indemnización a 33 días por año trabajado, frente a los 20 de los despidos procedentes. También se mantiene la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad.
En cuanto a los puntos que sí que hay consenso, los ERTE quedarían prácticamente como están en la actualidad, con la diferencia de que ahora no habrá que volver a solicitarlos y se prorrogarán de forma automática, manteniéndose las exoneraciones en las mismas condiciones. Así, para los llamados ERTE de rebrote, las exoneraciones llegan al 80% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 60% para las que superan esta plantilla. Igualmente, las empresas que no hayan recuperado la actividad podrán seguir acogidas también a la modalidad de fuerza mayor, y las exoneraciones oscilarán entre el 70%, el 60% y el 35% en julio, agosto y septiembre para las empresas de menos de 50 empleados.
Para las empresas de mayor tamaño que sigan acogidas a esta modalidad las exoneraciones serán del 50%, el 40% y el 25% a lo largo de los meses de verano. Además, se permiten los expedientes de fuerza mayor parcial, así como los ETOP ligados al Covid. En estos casos, las empresas de menos de 50 trabajadores podrán acceder a unas exoneraciones del 60% para los empleados que hayan sido reactivados y del 35% para los que sigan en ERTE.
