La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) también ha recibido con ciertas dosis de preocupación la orden ministerial que establece un procedimiento de actuación contra la desinformación en el ámbito del Consejo Nacional de Seguridad. Su presidente Rafael Rodríguez advierte que «no se puede dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad de expresión y de prensa», y admite que estarán vigilantes para que el llamado Ministerio de la Verdad sólo intervenga «en los supuestos y en los fines que señala la Comisión Europa», sin que incurran en injerencias inconstitucionales sobre los contenidos de los medios de comunicación.
El portavoz de la comisión, Johannes Bahrke, avalaba hace unos días la iniciativa española tras las reacciones contrarias de partidos de la oposición como PP, Cs y Vox y de asociaciones profesionales. «El objetivo de la orden ministerial es garantizar la participación de España en el plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación». Un plan que se creó en el seno de las instituciones europeas para combatir procesos orquestados de desinformación con el objetivo de desestabilizar gobiernos o adulterar procesos de elecciones. Como ejemplo se ponía el bombardeo de noticias falsas que desde Rusia se hizo durante el conflicto con Ucrania y la ocupación de Crimea. Dicho plan pide a los estados miembros que establezcan una red de alerta para detectar el origen de esas campañas y enfrentarlas de manera coordinada, pero en ningún casos apoya un control sobre los medios de comunicación.
«A mi me gusta diferenciar entre lo que es la desinformación y los que algunos llaman ‘fake news’, que yo les llamo directamente mentiras. A esas mentiras se les debe combatir desde la propia profesión, con códigos deontológicos y ojo hay también un Código Penal que deja bien claro cuáles son los límites de la libertad de expresión». El presidente de la APS, a preguntas de este periódico, recuerda que la Constitución prohíbe expreseamente la censura previa. «Ésa es una línea roja que no se puede traspasar» y comparte la preocupación expresada por el responsable de la Federación de Asociaciones de la Prensa (Fape), Nemesio Rodríguez sobre cómo se va a llevar a cabo ese control de la desinformación.
La orden ministerial deja abierta varias cuestiones en el aire como la composición de la comisión que debe velar por atajar esas campañas y qué es una «fake news» y qué no. «Al margen de quién gobierne, en esas comisiones se deben sentar profesionales de la información, representantes de esta profesión y no dejarlo sólo en manos de políticos. Los gobiernos no hacen información; al final lo que hacen es propaganda y eso puede ser peligroso». La orden ministerial, en ese sentido, señala que «las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de aquellas organizaciones o personas cuya contribución se considere oportuna y relevante en el marco de la lucha contra el fenómeno de la desinformación». Pero de esa redacción se extrae que dicha colaboración no es de obligado cumplimiento y en cualquier caso el papel sería de meros asesores.
