Hoy, 29 de septiembre, finaliza el plazo para solicitar a bancos una moratoria de la hipoteca, y al resto de entidades de cualquier otro tipo de préstamo. Estas medidas se aprobaron como parte del 'escudo social' durante el estado de alarma y se prorrogaron durante seis meses más. Hasta ahora.
Como avanzó ayer este diario, la vicepresidencia de derechos sociales, dirigida por Pablo Iglesias, estuvo negociando su prórroga con el resto de ministerios, concretamente con Hacienda y Economía. Pretendían alargar el 'escudo' hasta el 31 de enero, como ha hecho el Ministerio de Trabajo con los ERTE. Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y parte del paquete de medidas toca a su fin.
Fuentes del ministerio de Economía aclaran que el fin de las moratorias legales, establecidas por el Gobierno, tiene que ver con el fin de la situación excepcional concedida por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). Hasta el 1 de octubre, las moratorias hipotecarias concedidas por los bancos entraban en un régimen contable especial y no requerían provisiones adicionales a las entidades. Esta condición termina ahora. Que las moratorias no estén contempladas por el Gobierno ni la EBA no impide que los bancos las concedan de motu propio si lo desean.
Otra de las medidas que concluía ahora era la prohibición de cortar suministros de electricidad, gas natural y agua. Las empresas han tenido prohibido por decreto hacer cortes a cualquier consumidor durante estos meses de pandemia, siempre que fuera una vivienda habitual. Esta norma finaliza el 30 de septiembre.
A falta de leer la letra pequeña que se publique en el BOE, la ministra y portavoz del Gobierno María Jesús Montero ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "se extiende la prohibición de cortar el suministro a consumidores vulnerables". La definición de consumidor vulnerable está regulada en este decreto.
Fuentes de Unidas Podemos indicaron ayer que habían "intentado hasta el último momento incluir en el decreto del Consejo de Ministros la prohibición de cortes de suministros, pero al final no ha sido posible". En principio, el Gobierno no iba a prorrogar esta norma. Pero finalmente se extiende la protección a una parte de los consumidores.
El bono social eléctrico —que ya fue ampliado al comienzo de la pandemia— se reforma para adaptarse a las circunstancias y llegar a más beneficiarios. Con este bono, las personas consideradas vulnerables obtienen un descuento del 25% en la factura de la luz y las consideradas vulnerables severas o en riesgo de exclusión social, un 40%.
A partir de ahora, el acceso se calculará teniendo en cuenta los ingresos del mes anterior y no la renta total del año anterior. Así podrá incluir a personas que hayan experimentado una repentina pérdida de ingresos.
El Gobierno prorroga la prohibición de desahuciar a personas vulnerables hasta el 31 de enero. Dichas personas tendrán que acreditar su condición de vulnerabilidad y solicitar la suspensión, no es automático.
Los inquilinos cuyo casero sea un gran tenedor (más de diez viviendas) y estén en supuestos de vulnerabilidad económica, pueden solicitar una bajada del alquiler. Si no llegan a un acuerdo, el propietario debe aceptar una rebaja del 50% o un prorrateo de la deuda durante tres años. Por último, las condiciones de los contratos de alquiler pueden prorrogarse hasta el 31 de enero si el inquilino lo solicita, sea el propietario gran o pequeño tenedor.
