La imputación penal del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en la operación Kitchen refleja la gravedad de las conductas investigadas por la Audiencia Nacional. Más allá de que este caso tenga su origen en las revelaciones de un chantajista profesional como el excomisario Villarejo, lo cierto es que si un titular de Interior tiene que responder por delitos de malversación de fondos reservados, prevaricación y revelación de secretos por haber utilizado medios y dinero oculto del Estado para espiar a un tesorero del PP, con el fin de que no perjudicara al partido, es porque la Justicia ha hallado indicios relevantes de una ilegalidad flagrante. Lo que por el momento se conoce de este procedimiento revela que Fernández Díaz estaba al tanto, si no lo organizó, de un operativo parapolicial para impedir que Luis Bárcenas pudiese revelar pruebas sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Los indicios contra el exministro lo sitúan como una suerte de ideólogo de una operación de espionaje pagada con dinero público para coaccionar a Bárcenas y destruir pruebas. Como mínimo, la relevancia de algunos mensajes telefónicos intervenidos por el juez revelarían que Fernández estaba al tanto de cada detalle de lo que ocurría.
Para el PP, que ayer abrió un expediente interno al exministro a la espera de que una eventual apertura de juicio le suspenda de militancia, la noticia es demoledora. Ni siquiera puede ser un consuelo que el juez circunscriba su investigación al entorno del Ministerio del Interior y no a la dirección del partido. Es cierto que María Dolores de Cospedal, antigua secretaría general, no ha sido imputada pese a la expresa petición de la Fiscalía. Sin embargo, en términos políticos, el daño ocasionado a la imagen y reputación del PP -antiguo y actual- es severo. Pablo Casado nada tiene que ver con la gestión de aquel episodio, y ni de lejos el juez apunta hacia él. Tampoco hacia Mariano Rajoy, aunque resulta difícil de mantener que no estuviera al corriente. No obstante, no cabe titubear. Pocas responsabilidades políticas pueden asumir ahora Rajoy, Cospedal o Fernández Díaz, y Casado debe prepararse para ser el objetivo de una cacería de la izquierda, por arribista que sea. Pero el PP tampoco puede pasar página como si nada ocurriese. El caso es tan grave como cuando la cúpula de Interior de Felipe González sufrió condenas por episodios de guerra sucia contra ETA, o como cuando aquel Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba consintió un «chivatazo» a ETA para no frustrar el «proceso de paz». El PSOE tiene mucho que callar y no es ejemplo de nada, pero el PP debe ponerse en guardia para contrarrestar una ofensiva contra Casado que superará con mucho cualquier responsabilidad penal que pueda derivarse contra aquel Gobierno. Para la izquierda, Rajoy está amortizado. Queda tumbar a Casado por ajeno que sea a los hechos investigados.
