A la espera de que los nuevos presupuestos del Estado -o al menos su borrador, aún inédito- revelen y documenten las verdaderas intenciones económicas del Gobierno, la fusión por absorción de Caixabank a Bankia, alentada desde el interior del Ejecutivo, juez y parte de esta operación, lanza al exterior un mensaje de sensatez financiera, alejado del sectarismo que Unidas Podemos trata de introducir en los planes del Gobierno. Pendiente de recibir los fondos europeos acordados en la cumbre del pasado julio, España se adelanta a sus socios comunitarios al asumir las recomendaciones del BCE, que desde hace años insiste en acelerar y completar el proceso de concentración bancaria como salvavidas de un sector herido por los bajos tipos de interés, la crisis de su modelo tradicional de negocio y los excesos regulatorios. La entidad surgida de la fusión de Caixabank y Bankia, la mayor de España por activos, se sitúa en una clara posición de ventaja para canalizar los recursos que el Estado tendrá que administrar y repartir cuando lleguen las ayudas comunitarias. Frente a la injerencia pública y la contrarreforma, cualquier gesto liberalizador va a favorecer el flujo económico que necesita España.
Como primer inversor de Bankia, a través del FROB, el Estado diluye su presencia en la nueva entidad financiera, de cuya participación, ya marginal, tendrá que deshacerse. Lo hará con notables pérdidas y para dejar atrás la anomalía que representaba, como consecuencia del rescate de Bankia, su presencia mayoritaria en un banco cuya letra pequeña aún revela su naturaleza pública. Pierde Unidas Podemos, cuyo intervencionismo queda neutralizado, y gana España, con un sector financiero, aún sometido a un traumático proceso de mudanza, que sale fortalecido y que resulta más presentable ante los socios de la UE.
