La banca española ha acelerado en los últimos años la venta de los activos que no les aportaban valor, como era el ladrillo absorbido por la crisis inmobiliaria de 2008. Los fondos de inversión extranjeros han dado buena cuenta de estos activos, con operaciones en las que se han hecho con infinidad de suelo y viviendas a precios con una fuerte rebaja. Aunque la situación ya no es la que era hace apenas tres años, la futurible mayor entidad de España, si se completara la fusión entre Bankia y CaixaBank, arrancaría todavía con casi 5.000 millones de euros en ladrillo tóxico.
A falta de conocer la cifra al cierre del tercer trimestre, que acaba este mes, los balances de ambas entidades en el primer semestre aportan este dato. En concreto, ambas suman 4.907 millones en activos inmobiliarios, conocidos en la jerga financiera como adjudicados, es decir, procedentes de impagos de promotores o de clientes hipotecarios. Del total, 3.070 millones se encuentran en el balance de CaixaBank y 1.837 millones en el de Bankia, según las citadas cuentas del primer semestre de este año. Ese es el valor neto de estos activos, pero el valor bruto, antes de aplicarle ciertos ajustes contables, es de 6.780 millones de euros.
La banca española ha ido desprendiéndose de estos activos durante los últimos años, urgidos por los reguladores que solicitaban que el balance de los bancos estuviera más saneado y los activos improductivos se pusieran a la venta. Así lo han hecho Santander, BBVA o la propia CaixaBank, que en 2018 anunciaba la venta al fondo Lone Star de buena parte de su exposición al ladrillo heredado de la crisis financiera, incluida su inmobiliaria ServiHabitat. Por ello, en apenas tres años, la suma de la catalana y la entidad rescatada en cuanto a este tipo de activos se ha reducido a la mitad.
Por su parte, Bankia informa en sus últimas cuentas que tiene encargada a Haya Real Estate, gestor inmobiliario del fondo Cerberus, la gestión y venta de estos activos adjudicados, bajo la supervisión de la entidad. La entidad apunta que su política pasa por ir desprendiéndose de estos activos, aunque reconoce las dificultades actuales del mercado inmobiliario a raíz de la crisis de la COVID-19. Se señala en sus cuentas que en el primer semestre del año apenas se desprendieron de activos por 47 millones, una cifra muy inferior a la que obtuvieron en el mismo periodo del año anterior, y que achacan al freno en el sector inmobiliario por el coronavirus. Además, el grupo apunta que tiene unas provisiones para cubrir riesgos relacionados con el ladrillo que queda en su balance de más de 700 millones de euros.
En el caso de CaixaBank, en el primer semestre del año vendió activos inmobiliarios valorados en 151 millones de euros, según figura en su informe financiero de junio de este ejercicio. En este documento señala también que cuenta con 973 millones de euros de sus activos inmobiliarios en venta, mientras que el resto, algo menos de 2.000 millones, figuran como su cartera de alquiler.
Si atendemos al origen actual de los casi 5.000 millones en activos inmobiliarios que sumarían ambas entidades de fusionarse, algo más de la mitad, unos 2.800 millones de euros (1.742 millones CaixaBank y 1.087 millones Bankia) corresponden a "activos inmobiliarios procedentes de financiaciones de adquisición de vivienda". Es decir, a ejecuciones hipotecarias. El resto corresponde principalmente a los impagos de promotores inmobiliarios, que suponen unos 1.300 millones de euros.
Pese a la elevada cifra de ladrillo en sus balances, esta semana la agencia Moody's restaba importancia dentro de la calidad de los balances de la entidad resultante. En concreto, apuntaba que la unión de Bankia y CaixaBank tendría un peso de los conocidos como NPA, una magnitud que suma los citados activos adjudicados y los créditos de dudoso cobro, del 6% respecto al total de activos del grupo. "Ambos bancos han limpiado sustancialmente sus balances durante los últimos años", apuntaba la agencia de calificación. Aunque en su análisis de la operación lanzaba una advertencia, asegurando que esta magnitud se podría ver incrementada de nuevo debido a la crisis económica cuando el Gobierno empiece a levantar medidas de protección implementadas a causa de la COVID-19.
La autoridad bancaria europea (EBA) celebraba a finales del año pasado en un informe los avances que había hecho España para limpiar sus balances de lo que se da a llamar "créditos no productivos" (NPL en sus siglas en inglés) y que se refiere a aquellos créditos e instrumentos cuyo cobro está puesto en duda. En concreto, apuntaba a que entre 2015 y 2019 se habían eliminado del balance de los bancos españoles 81.000 millones de euros, solo Italia en ese periodo había recortado más esta magnitud. Su peso en el total del balance de los bancos españoles es del 3,5% que, pese al recorte a la mitad en apenas cuatro años, sigue ligeramente por encima de la media europea, que está en el 3%.
Si bien, al igual que Moody's, las dos entidades advertían en sus cuentas del primer semestre que la crisis del coronavirus podría traer consigo un aumento de la morosidad. "El grupo se enfrenta a varios riesgos, comunes a todo el sector bancario, que están ligados a la evolución futura de la pandemia, como un posible incremento importante de la morosidad", apuntaba Bankia en sus resultados del primer semestre. "Es de esperar que el debilitamiento de la situación financiera de familias y empresas repercuta, en un repunte significativo de la morosidad", señalaba por su parte CaixaBank. Queda por ver si este riesgo se traduce en un futuro en un aumento de los activos inmobiliarios adjudicados por impagos o si medidas como las moratorias hipotecarias y otros apoyos públicos evitan ese escenario.
