La Fiscalía Anticorrupción considera que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal pudo participar por «interés personal» en la operación «parapolicial» Kitchen, desplegada para robar material «comprometedor» del partido y sus dirigentes al tesorero Luis Bárcenas, y así lo expone en el escrito en el que solicita al juez de la Audiencia Nacional que la llame a declarar como imputada.
El informe, adelantado ayer por este diario, menciona las «continuas alusiones» a su «conocimiento y participación» en el operativo que se han hallado al revisar el móvil del que fuera número 2 de Interior, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, pero no solo: Afirma que Cospedal «tendría interés personal en que la operación tuviera éxito desde una doble perspectiva». «Directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma. Indirecta, como Secretaria General del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo», reza el escrito.
Llega a esta conclusión tras repasar los caminos que conducen a Cospedal, quien ya en 2009 fue grabada por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en un encuentro que mantuvieron en la sede del PP en la calle Génova y al que asistió su marido, Ignacio López del Hierro. La difusión posterior de aquellos audios le costó el puesto en el partido.
Pero es que además, López del Hierro se sitúa como «la persona que pone en contacto a Andrés Gómez Gordo, responsable de la seguridad de María Dolores de Cospedal, con José Manuel Villarejo» para una fase fundamental de la Operación Kitchen: la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que fue el principal confidente a razón de 2.000 euros al mes durante todo el despliegue, iniciado en julio de 2013.
El PP como cliente
La Fiscalía encuentra en la figura de López del Hierro «otra vinculación si bien indirecta de altos dirigentes del PP con la gestación de la Operación Kitchen», pues en uno de los audios filtrados a la prensa consta de su parte «el ofrecimiento a Villarejo» de «la ejecución de 'encargos puntuales' que serían sufragados con fondos del PP» y que, conforme detalla el escrito, «podrían ya entonces estar relacionados con la investigación policial y judicial de casos de corrupción que afectasen a miembros del PP, entre ellos, Gürtel».
En este punto, llama la atención sobre un ingrediente más: «Otros informes de la Unidad de Asuntos Internos reflejan que Villarejo podría haber actuado por cuenta directa del PP colaborando con dicho partido político a instancia de altos responsables del mismo con relación a investigaciones policiales e incluso judiciales».
Apunta una posibilidad, el «proyecto SMP». Al comisario se le requisaron documentos que reflejan «actos previos» a una contratación por parte de un cliente que «sería un abogado encargado de la defensa de miembros del PP investigados en Gürtel».
Se trataba del encargo a Cenyt de una asesoría jurídica para «la posibilidad de anulación total de actuaciones» de aquella causa y el presupuesto, 15 millones de euros, «con una provisión de fondos de 5 millones, además de unos honorarios por éxito, según los niveles, de 8, 10 y 12 millones». No se ha acreditado, con todo, «que estos honorarios fueran aceptados por el cliente ni tampoco cuestan abonos en las cuentas de Cenyt analizadas hasta la fecha que puedan ser atribuibles la ejecución de este proyecto». El propio Villarejo corroboró este punto cuando declaró el 11 de marzo de 2020 y señaló que el letrado con el que tuvo contacto fue Ignacio Peláez, fallecido.
Los SMS del ministro
Junto a Cospedal y López del Hierro, la Fiscalía Anticorrupción pide la imputación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, porque ve «muy numerosos y concluyentes» los indicios de que pudo incurrir en delitos de malversación, prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos con su participación en el operativo.
Entre esos indicios, destaca una serie de mensajes de SMS y whatsapp que envió a quien fuera su número dos, Francisco Martínez, en julio, agosto y octubre de 2013. Él, que los conservaba, decidió protocolizarlos ante notario cuando constató que su antiguo jefe se desmarcaba de Kitchen.
En el primero de ellos, del que ya informaba este domingo ABC, le trasladaba el nombre del ya mencionado confidente, Sergio Ríos, justo cuando empezaba su captación. En uno más, con el operativo ya en marcha, le da cuenta de un contacto con un «cecilio», el mote común de los agentes del CNI, con quien habría «total coordinación y medios» y el tercero, más largo, ya entra en detalles. Es el «más concluyente», según Anticorrupción, porque «se evidencia el conocimiento de detalle que el entonces Ministro del Interior tenía respecto al desarrollo y ejecución de la operación». Dice: «La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe». Tras comunicarle la versión del informador sobre el origen del material, añadía: «Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información… veremos. Te informo».
Se refería a los dispositivos móviles que según explicó uno de los principales investigados en la causa, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño, consiguieron sustraer a Bárcenas mediante Sergio Ríos. Obra en actuaciones que él mismo compró con fondos reservados un portátil para volcar el contenido y que Martínez lo consultara.
Los mensajes, junto a las referencias a su conocimiento que hacen otros investigados, como los mismos Martínez y Villarejo en conversaciones con terceros, se suman al hecho de que era el principal responsable de los fondos reservados, materia troncal en esta pieza separada, para pedir su imputación.
Sobre este asunto, Anticorrupción da un detalle: De la testifical del facultativo que se encargaba de llevar los dineros a la Dirección Adjunta de la Policía se desprenden «disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados que habrían permitido su utilización ilícita propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales».
