Solo tres comunidades autónomas han suscrito hasta la fecha acuerdos para abonar a la sanidad privada los gastos derivados de los servicios que prestaron a la lucha contra la pandemia durante el estado de alarma, cuando sus recursos fueron volcados por el «mando único» a la causa del interés general, que entonces no era otra que la defensa de la salud de todos. La factura contraída por la Administración con la sanidad privada es una más de las que tendrá que abonar para saldar las cuentas de una batalla que se vio encarecida por la tardanza, la improvisación y los errores de estrategia, y pone de manifiesto el inestimable papel que el sector privado desempeñó para aliviar la carga que, en muchos casos desbordada por los rigores de la crisis, soportaba nuestro sistema de salud. Además de pagar el coste de aquel servicio, entonces imprescindible, habrá que reconocer sin tapujos el valor añadido que aporta a la sociedad española y el servicio que presta, no solo para descongestionar la red pública en situaciones críticas, como la de la pasada primavera, que podrían repetirse este otoño. Alrededor de 5.000 millones de euros ahorra el Sistema Nacional de Salud con la atención que ofrece a sus afiliados la sanidad privada, que durante la pandemia llegó a atender al 15 por ciento de los enfermos que necesitaban ser hospitalizados, entre los que figuran muy altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Como en el caso de la educación privada, objetivo a batir por la izquierda, no puede haber sitio para los dogmas y las exclusiones en el planteamiento de un sistema sanitario moderno y eficaz, reforzado por la Administración, sí, pero abierto a la colaboración con la iniciativa privada. La ideología es un lastre, más aún cuando atenta contra el interés y el bienestar general al perseguir, por puro sectarismo, un modelo necesario para muchos y rentable para todos.
