El proceso constituyente, levantado por la ciudadanía movilizada y que obligó a mover los límites establecidos por la transición, es una oportunidad para que juntas y juntos definamos cuál es el país que queremos construir para los próximos 30 o 50 años. Este momento debemos aprovecharlo para pensar en un Nuevo Chile: justo, soberano y con oportunidades para su gente.
Durante las últimas tres décadas hemos visto cómo el modelo económico se ha entregado al capital financiero a la hora de definir las políticas de desarrollo que fueron despotenciando la industria en diferentes áreas, afectando el tipo y calidad del empleo, las condiciones laborales y la economía de nuestro país, al volverse dependiente de las vicisitudes de los mercados internacionales.
Chile en la primera mitad del siglo pasado definió una política industrial impulsada a través de la Corfo como respuesta a la grave crisis económica de 1929, apuntando al desarrollo de la industria alimentaria, metalmecánica, metalúrgica, alimentaria, farmaceútica e incluso científica iniciando una política pionera en el continente que se cortó por el golpe de Estado de 1973.
Por lo mismo, creemos que es en el proceso constituyente donde nos jugamos la posibilidad como país de retomar una política pública de largo aliento, que le brinde al país de soberanía en áreas esenciales y que ponga sólidos pilares para nuestro desarrollo, que tenga como objetivo dar beneficios a todas las chilenas y chilenos, revirtiendo el actual escenario que concentra la riqueza en los grupos económicos que hoy controlan el devenir de los mercados.
Pensar un Chile Industrial significa recuperar el rol del Estado como generador de proyectos de desarrollo para el país, un Estado que tenga un rol protagónico como dinamizador de la economía y no como un mero administrador, dejando atrás esa caricatura neoliberal que lo dejaba en el papel del haragán que impedía los avances del país. Hoy vemos, en plena crisis económica y social a causa del Covid, que no tenemos herramientas para dar respuestas.
Es evidente que un proceso de reindustrialización tiene enormes ventajas para el país al permitir agregar valor a los recursos mineros, agrícolas, forestales y marítimos, nos abrirá caminos seguros para el desarrollo de nuestro país, que es lo que las y los trabajadores esperamos para mejorar la sociedad y la vida de nuestros hijos. A quienes vivimos de nuestro trabajo nos interesa nuestro territorio y no la destrucción de nuestro medio ambiente y de nuestra soberanía, que hasta hoy son utilizados por el gran capital para el aumento permanente de sus tasas de ganancia, obsesionados por el crecimiento, sin importar el desarrollo de los territorios donde se genera la riqueza.
Esta es una oportunidad que no podemos dejar de tomar como país y el proceso constituyente es el momento para poder establecer el proceso de levantar un nuevo modelo de desarrollo del país.
