Solo ha pasado dos veces en la reciente historia democrática. Las dos por culpa del mismo partido que se llama a sí mismo “constitucionalista” pero se niega a cumplir con la Constitución.
Cada vez que el PP pierde las elecciones, bloquea la renovación de los órganos constitucionales: del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo y del Tribunal Constitucional. Es lo que hizo Mariano Rajoy tras la victoria de Zapatero en 2004. Y es lo que está haciendo Pablo Casado con la llegada del Gobierno de coalición.
No es solo una cuestión política. No se trata solo de la batalla por la hegemonía de la derecha, no es un postureo del PP mirando a Vox. Es algo más profundo y peligroso. Forma parte de una estrategia evidente y declarada, que pretende utilizar a los tribunales como un ariete contra el Gobierno legal y legítimo de la nación.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el meollo de la cuestión. Es el órgano que decide todos los nombramientos importantes de la carrera judicial, que habitualmente tienen poco que ver con el mérito o la capacidad. Los jueces llegan a su primera plaza por oposición. Pero los principales ascensos los decide el politizado Poder Judicial.
La justicia emana del pueblo, dice la Constitución. Son las mayorías parlamentarias quienes nombran a todos los vocales del CGPJ y es este consejo quien después nombra a todos y cada uno de los puestos clave en la justicia española: a los jueces del Tribunal Supremo, a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos o de las Audiencias Provinciales, al presidente de la Audiencia Nacional, a los jueces de refuerzo...
La mayoría parlamentaria escoge a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, que después es quien decide los nombramientos. Es un modelo cuestionable y cuyo origen ya he explicado en otros artículos, pero es el que hay. Por eso es un enorme fraude democrático que el PP utilice el bloqueo para alargar una mayoría absoluta que ya no existe en el Parlamento desde 2015. Y que un Poder Judicial en funciones, con el mandato vencido, siga ascendiendo a jueces en nombre de una soberanía popular que caducó.
El PP perdió las elecciones varias veces, pero mantiene la mayoría absoluta en el Poder Judicial.
Entre diciembre de 2018 y enero de 2020, con el mandato caducado, el CGPJ que mayoritariamente escogió el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado 47 nombramientos. Entre ellos, ha nombrado a 12 jueces del Tribunal Supremo, que se quedarán ahí hasta su jubilación.
En enero de 2020, cuando Pedro Sánchez logró la investidura, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, anunció que paralizaba los nombramientos hasta que se aprobase la renovación del Consejo. Hasta que el PP y el PSOE llegaran a un acuerdo, porque la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial obligan a una mayoría de tres quintos para los nombramientos. Si los dos grandes partidos no pactan, la renovación es imposible de lograr.
Cuando se redactó la Constitución, nadie podía imaginar un comportamiento así. Que hubiera un partido capaz de bloquear la renovación del CGPJ para, de ese modo, mantener unos años más su poder. Parecía tan descabellado que nadie previó qué hacer.
El mandato constitucional del CGPJ es por cinco años. En diciembre, este consejo cumplirá siete años. Con los otros dos años que Mariano Rajoy, en 2007, alargó la mayoría de otro Poder Judicial nombrado por Aznar ya suman cuatro años en total. No es poco tiempo. Durante un 10% del periodo democrático, el PP ha controlado la cúpula de la Justicia de forma fraudulenta.
Decir, como hace Pablo Casado, que no renovará el Poder Judicial mientras Podemos esté en el Gobierno es tan disparatado como si Pedro Sánchez dijera que no convocará más elecciones mientras el PP siga pactando con Vox. Casado no está obligado a aprobar los Presupuestos; allá él. Pero bloquear la renovación de los órganos constitucionales no puede ser una opción.
Es un fraude democrático. Un insulto a la propia Constitución.
Casado lo hace por varias razones. La principal, que le sale gratis. Es un tema complejo de explicar y de entender, y no tiene ningún desgaste entre los suyos. Ni uno solo de esos medios que tachan al Gobierno de coalición de “bolivariano” le criticarán por esta decisión. Al contrario. Le aplaudirán el gesto. Todo vale contra los “social comunistas” y esta es la legislatura del ‘lawfare’.
La segunda, que hay tres nombramientos que están al caer y que preocupan enormemente al Partido Popular. Tres plazas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la más importante de España. Es la Sala de lo Penal, por la que pasan todos los casos de corrupción, la que decidirá todas las denuncias contra el Gobierno por la pandemia, la que juzgaría –si es que ese milagro ocurre– al rey emérito por corrupción.
El Partido Popular, gracias a un trabajo muy metódico de selección de personal, ha logrado que esa Sala del Supremo sea mayoritariamente conservadora. Es esa misma sala la que decidió, por ejemplo, que no había materia penal para investigar el máster regalado a Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos.
La mayoría conservadora en el CGPJ quiere colocar en esos puestos del Supremo a jueces afines al PP. Como Concepción Espejel, la gran amiga de Cospedal. O Ángel Luis Hurtado, el único juez del tribunal de la Gürtel en la Audiencia Nacional que se negó a que Mariano Rajoy fuera llamado a declarar como testigo. Y que emitió un voto particular contra la sentencia de la Gürtel, pidiendo la absolución del PP.
Los nombramientos están parados desde enero. Pero todo apunta a que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, los quiere retomar.
Este miércoles por la mañana, al mismo tiempo que Pablo Casado se reunía con Pedro Sánchez en La Moncloa y le anunciaba que mantendría su bloqueo a la renovación de los órganos constitucionales, Lesmes comunicó a la comisión permanente del CGPJ que a partir del 8 de septiembre se retomarán las comparecencias de los candidatos a distintos puestos pendientes de nombrar. No tiene sentido recuperarlas si no es porque Lesmes tiene intención de que el CGPJ en funciones vuelva a aprobar nombramientos.
Dato importante: Carlos Lesmes, hoy presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, garante de “la independencia judicial”, antes fue director general de Justicia con los Gobiernos de Aznar.
El 24 de septiembre está previsto un nuevo pleno del CGPJ. Ese mismo día un Poder Judicial en funciones podría cometer la indignidad de volver a nombrar jueces de por vida en la Sala más importante del Tribunal Supremo. La que puede mandar a personas a la cárcel, o salvarlas de entrar en prisión. Es la sala que tendrá la última palabra sobre todos y cada uno de los casos de corrupción. Empezando por los ERE, y por la Gürtel.
¿Entienden ahora por qué Casado no tiene ninguna prisa por renovar el Poder Judicial?
