ERC registró ayer una proposición no de ley en el Congreso en la que pide que se reformen los Tratados constitutivos de la Unión Europea para que el catalán se incorpore en la relación de lenguas comunitarias. El texto de los republicanos insta al Gobierno de Pedro Sánchez a plantear esta reivindicación en la siguiente Conferencia Intergubernamental solicitando que se modifique el artículo 55.1 del citado acuerdo. Una reclamación nada menor ya que la modificación del Tratado de la UE requiere la unanimidad de los estados miembros.
Pero la petición del grupo independentista no queda ahí. ERC quiere que una vez admitido el catalán en la relación de lenguas, el Gobierno español pida al Consejo Europeo que declare su oficialidad y que se incorpore al régimen lingüístico de las instituciones comunitarias. Las proposiciones no de ley carecen de carácter vinculante para el Gobierno incluso aunque se aprueben en el pleno , ya que se limitan a instar a una actuación. No obstante, sí permiten retratar la mayoría política que existe en torno a una cuestión. En este caso, los socialistas tendrán que definir su postura con unas elecciones catalanas cada vez más cercanas.
Coste cero
En su exposición de motivos, ERC subraya que «los principios de reconocimiento del multilingüismo inspiran la política de la Unión Europea» y que, según la Generalitat, «más de diez millones» de personas repartidas por cuatro países europeos distintos (España, Andorra, Francia, Italia) conocen esta lengua.
Sin embargo, Andorra, donde el catalán es lengua oficial, es un estado no miembro de la UE y tanto en Francia como en Italia su uso se reduce a zonas del Rosellón y Alguer, respectivamente, en las que ni siquiera es mayoritario. Según las cifras de los propios republicanos, los catalanoparlantes rondarían los 10.000 entre estos dos territorios. A partir de aquí, ERC denuncia que «el Gaélico Irlandés consta de entre 20.000 y 80.000 habitantes y goza de plena traducción e interpretación en las sesiones plenarias del Parlamento Europeo».
Además, los republicanos argumentan que la medida tendría coste presupuestario cero porque «muchos» traductores del Parlamento Europeo hablan «con fluidez» el catalán. Eso sí, no dicen cuantos.
