Esta es la realidad: los alumnos después de la experiencia del curso pasado defienden y reivindican su derecho a ir a clase; las familias consideramos imprescindible el regreso a las aulas; y estoy harto de oír a los docentes y educadores lamentándose por el final de curso pasado y de repetir que su labor solo la pueden desempeñar con una calidad óptima en las aulas.
Entonces, ¿a quiénes les sale más económico que las clases no sean presenciales? No nos engañemos más, a nuestros políticos, en este caso a la Sra. Celaá.
¿Qué dotación económica complementaria y extra se ha destinado a las Comunidades Autónomas para hacer frente a esta situación excepcional?¿Cuántos nuevos espacios se han habilitado para impartir clase este año para garantizar el 1,5 m? ¿Cuántos docentes más realmente va a haber si comparamos esta cifra con la del inicio del curso pasado?¿Cuántas pruebas PCR están programadas para toda la comunidad educativa antes del inicio del curso? ¿Qué dotación económica complementaria se ha destinado a la compra de material higiénico? ¿Cuántos técnicos en prevención de riesgos y médicos asesoraron a los equipos directivos y a los inspectores en la revisión de unos planes de contingencia que ya han sido aprobados por muchos centros educativos y que son tan distintos unos de otros incluso dentro de la misma Comunidad? ¿Qué nuevos profesionales de la limpieza se han contratado para garantizar la higiene de los espacios? ¿Cuántos equipos de ventilación se han instalado en las aulas?
Usted, Sra. Celaá se ha limitado a decir que sí o sí a o partir de septiembre el curso será con clases presenciales, Y a publicar lo siguiente sobre los centros docentes en el BOE del 10 de junio de 2020: «En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.»
Es curioso que se contradiga en menos de dos frases, hay que garantizar que se mantenga la distancia, pero al mismo tiempo contemplo que no será posible. Así se lava las manos tan ricamente y no se sonroja si se ponen apiñados a 25 alumnos o más en un aula sin ventilación adecuada y sin 1,5 m. Pero ¿cómo nos puede extrañar ese cinismo cuando se envió al contagio e incluso a la muerte a tantos sanitarios que trabajaron sin los EPIS adecuados?
Usted, Sra. Celaá en vez de decir que los centros abrirán en septiembre, tiene que hacer posible que eso ocurra y que ocurra con seguridad. A día de hoy, a menos de dos semanas del inicio de curso, no se han puesto los medios y las Comunidades reclaman una reunión que llegará cuatro días antes de que los centros de secundaria abran las puertas para los exámenes de septiembre. Empezar las clases de manera presencial parece el deseo de todos menos de los políticos. Puede que al Estado y a las Comunidades les salga más económico cerrar los centros, que no dotarlos de los recursos económicos que se necesitan. Pero Sra. Ministra yo no le estoy hablando de dinero: le estoy hablando de la educación y salud de nuestros hijos, de los que son víctimas inocentes de su incapacidad y de la incapacidad de los responsables de educación de las Comunidades para gestionar esta situación.
Sra. Celaá esta vez nos jugamos algo más que un aprobado o un suspenso, nos jugamos el aprendizaje de verdad, el que solo se produce en las aulas y, más aún, nos jugamos la salud de los alumnos, de sus familias y de los docentes.
