La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, archivó la denuncia presentada contra la exvicepresidenta, Mercedes Aráoz, por los presuntos delitos de usurpación de funciones y otros en agravio del Estado, luego de que jurara como presidenta de la República el 30 de septiembre de 2019.
La misma decisión tomó la titular del Ministerio Público, en el caso de Pedro Olaechea, quien fue presidente del Congreso y tomó el juramento de Aráoz, después de que el mandatario Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Legislativo.
También se resolvió no iniciar ninguna investigación contra la entonces vocera de la bancada de Fuerza Popular, Milagros Salazar, por presentar una moción de suspensión temporal contra el presidente Vizcarra.
Falta de méritos
De acuerdo con la resolución fiscal a la que tuvo acceso RPP Noticias, Ávalos señala que no existían los méritos para desarrollar una investigación contra ellos.
“No haber mérito para promover una investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, conspiración, nombramiento ilegal, abuso de autoridad, asociación ilícita para delinquir, atentado contra la soberanía nacional y falsificación de documentos en agravio del Estado”, indica el documento.
La fiscal de la Nación concluyó que estos actos políticos no tuvieron efecto jurídico alguno, debido a que Aráoz no ejerció ninguna función y renunció al cargo antes de realizar algún acto oficial, por lo que, desde ese punto de vista, las conductas atribuidas no tuvieron una afectación concreta al bien jurídico protegido por el tipo penal que sanciona la usurpación de funciones.
Juramentación de Aráoz
El 30 de septiembre de 2019, horas después de que Martín Vizcarra anunciara la disolución constitucional del Congreso, Mercedes Aráoz juró para asumir la presidencia de la República, luego de que el Legislativo impulsara una suspensión contra el jefe del Estado.
Sin embargo, no se mantuvo en el cargo mucho tiempo y presentó su renuncia a la vicepresidencia de la República y a la encargatura del Gobierno. La renuncia fue aceptada el pasado 7 de mayo por el actual Parlamento.
