WASHINGTON (AP) – Este es el caso de un sacerdote budista zen, llamado Dale Hartkemeyer quién presentó una demanda el jueves alegando que la Oficina […]
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WASHINGTON (AP) – Este es el caso de un sacerdote budista zen, llamado Dale Hartkemeyer quién presentó una demanda el jueves alegando que la Oficina de Prisiones lo está poniendo en riesgo de contraer el coronavirus al avanzar con ejecuciones durante una pandemia a nivel nacional.
El mismo, es asesor espiritual de uno de los tres reclusos federales condenados a muerte programados para ser ejecutados este mes, este argumenta que arriesgaría su vida si el gobierno federal procede a ejecutar a Wesley Ira Purkey, según lo programado el 15 de julio, debido a sus afecciones médicas anteriores, incluidos problemas respiratorios.
El hombre de 68 años está pidiendo a un juez federal que demore la ejecución de Purkey hasta que esté disponible una vacuna contra el coronavirus o haya un tratamiento efectivo generalizado.
Hartkemeyer dijo en documentos judiciales que visitó a Purkey mensualmente como su sacerdote desde enero de 2009 para brindarle orientación y asesoramiento espiritual.
“Se me pide que tome una decisión imposible: violar mis creencias religiosas o arriesgar mi salud y mi vida al asistir a una ejecución que podría convertirse en un evento ‘superdifusor’ para COVID-19”, escribió Hartkemeyer en una publicación de blog.
Pero, ¿quién es Purkey?
Es un budista devoto, uno de los cuatro presos federales programados para ser ejecutados en julio y agosto. El Procurador General William Barr ordenó al Buró Federal de Prisiones que programe las ejecuciones, poniendo fin a una moratoria informal sobre la pena capital federal a medida que el tema se retira del dominio público.
El sistema penitenciario federal ha luchado para combatir la pandemia de coronavirus tras las rejas. Hasta el miércoles, hubo cinco casos confirmados de coronavirus en la USP Terre Haute, la prisión donde las ejecuciones están programadas. Un interno ha muerto.
Por su parte, Hartkemeyer argumenta que debe estar presente en la ejecución para ser una guía espiritual para Purkey y proporcionarle “consuelo espiritual y compasión durante este tiempo, ayudándole a alcanzar la paz mental al abandonar esta vida”.
Pero él argumenta que eso significa arriesgar su propia vida. Si no pudiera estar allí, “constituiría una violación preocupante de mis principios religiosos y obligaciones sacerdotales”, dice la demanda.
por otro lado, los abogados de Purkey piden por separado a un juez federal que detenga su ejecución, argumentando que no está mentalmente apto para ser ejecutado porque sufre de “avance de la enfermedad de Alzheimer y deterioro del funcionamiento cognitivo”.
Purkey, de Lansing, Kansas, fue sentenciado a muerte por el asesinato en 1998 de Jennifer Long, de 16 años, después de recogerla en Kansas City, Missouri. Purkey violó a Long, la apuñaló repetidamente y usó una motosierra para cortar su cuerpo en pedazos. Quemó sus restos en una chimenea y luego arrojó sus cenizas a 200 millas (322 kilómetros) de distancia en un estanque séptico en Clearwater, al suroeste de Wichita. También fue declarado culpable de usar un martillo de garra para matar a una mujer de Kansas de 80 años, Mary Ruth Bales, que sufría de polio.
Purkey tenía una larga historia de trauma infantil, fue abusado sexualmente por miembros de la familia y un sacerdote católico y fue golpeado por otros miembros de la familia, dijo Liz Vartkessian, especialista en mitigación que trabajó con el equipo legal de Purkey y lo visitó docenas de veces en el últimos cinco años
“Su caso está repleto de casos en los que ha expresado un profundo remordimiento”, dijo.
Pero recientemente, la salud mental de Purkey se ha deteriorado gravemente hasta el punto de que no tiene la resistencia para largas visitas con su equipo legal y a menudo olvida hechos y fechas clave, dijo. Los oficiales de corrección tienen que ayudarlo a escribir un horario para recordar sus visitas con sus abogados, dijo.
También ha tenido una larga historia de paranoia y delirios y cree que el Departamento de Justicia está avanzando con su ejecución debido a muchas quejas y demandas judiciales que ha llevado a prisión, aunque la mayoría han fallado, dijo Vartkessian.
“Es difícil encontrar una explicación racional para tratar de establecer esas ejecuciones tan rápido”, dijo Stubbs, “especialmente cuando no hemos tenido una ejecución en 17 años”.
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