Luego de la muerte de Giovanni López, un albañil de 30 años, que falleció tras ser detenido y presuntamente golpeado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, el alcalde Eduardo Cervantes Aguilar fue citado a declarar por las autoridades estatales tras ser acusado de entorpecer la indagatoria.
El 4 de mayo, Giovanni López fue detenido por policías municipales y murió un día después presuntamente tras una golpiza que le dieron los oficiales. El hecho se dio a conocer esta semana en un sitio informativo de Estados Unidos, que mostró un video de la detención y la noticia de que el hombre había fallecido a causa de las lesiones recibidas durante su arresto.
En el sitio de internet se explica que familiares de Giovanni recibieron primero una oferta de 200 mil pesos por parte del alcalde para que no se emprendieran acciones legales por el fallecimiento; después, ante la negativa, presuntamente el presidente municipal amenazó a la familia con represalias si hacían público el asesinato. Cervantes Aguilar ha negado por completo esos señalamientos.
El alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, de extracción priísta, se ha deslindado de los hechos que condujeron a la muerte del joven, y asegura que colabora directamente con las autoridades estatales para que se haga justicia. Sin embargo, un posible intento de su parte para obstruir la investigación está siendo investigada por la Fiscalía del estado de Jalisco. El alcalde deberá comparecer este viernes ante las autoridades de procuración de justicia.
Eduardo Cervantes Aguilar es un político que ha sido señalado en diferentes ocasiones como infractor de la ley, aunque las denuncias en su contra nunca han prosperado. Personas que han trabajado con él lo señalan como alguien rápido con las amenazas y la intimidación.
Médico por la Universidad de Guadalajara, Cervantes Aguilar ha hecho su carrera política siempre en Ixtlahuacán de los Membrillos, un municipio conurbado del Área Metropolitana de Guadalajara que combina la actividad industrial y el trabajo agrícola, con el desarrollo de nuevos fraccionamientos populares.
Su primer cargo en el municipio fue como regidor por el PRI en el trienio 2007-2009. Durante las siguientes dos administraciones trabajó como Secretario General del Ayuntamiento, hasta que en 2015 se postuló a la presidencia municipal, que ganó con cierta facilidad. En 2018 se reeligió en el cargo, que deberá dejar en 2021.
Una de las denuncias públicas en su contra la hizo en junio de 2018 su entonces rival a la presidencia municipal, la emecista Otilia Díaz Enciso. La entonces candidata de MC dijo que había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y ante el Congreso del Estado contra el entonces alcalde con licencia, quien habría amenazado al esposo de la candidata con matarlo si ella no se retiraba de la contienda. Más tarde la abanderada de MC recibió en su teléfono celular videos de torturas, y aunque fueron enviadas desde un número no conocido por ella, relacionó el hecho con el ahora alcalde reelecto. Las denuncias no prosperaron.
En 2017 un hombre que acusó públicamente a Eduardo Cervantes Aguilar de ser responsable de la desaparición de su hermano en 2012, fue asesinado a tiros cuando llegaba a su casa en Guadalajara. De la desaparición del hombre, y el asesinato del hermano, nunca se encontró a los culpables.
Pero no solo se señala alcalde públicamente por violaciones a la ley o a los derechos humanos. En 2017 tres policías municipales (una mujer y dos hombres) fueron detenidos y acusados de secuestrar y asesinar a un inspector de la SCT para robarlo. La autoridad comprobó que la mujer acordó ir a tomar con el inspector federal el mismo día que éste había cobrado su aguinaldo, y el hombre desapareció. Días después fue encontrado su cuerpo en una brecha. Las investigaciones descubrieron la complicidad de los tres policías en la desaparición forzada, robo y asesinato, por lo fueron sometidos juicio. Apenas en abril pasado, casi tres años después, los tres acusados fueron condenados a 25 años de cárcel.
Antes en 2018, la Comisión estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación a la Presidencia Municipal por la violación de los derechos humanos a la vida, a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica.
RLO
