Una semana después de que Alcoa anunciase su intención de despedir al 85% de la plantilla de San Cibrao, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, se reunía telemáticamente con los representantes de los trabajadores. El comité pide evitar a toda costa que se paralicen las cubas de electrólisis en las que se fabrica el aluminio primario, porque podría ser imposible después volverlas a arrancar. Para evitarlo lleva semanas pidiendo que el Estado y la Xunta intervengan temporalmente la factoría y la gestión se haga pública. En el encuentro, Conde les trasladó que la Xunta apoyará «cualquier solución avalada por el Gobierno que sea viable», informan fuentes de la Consellería.
Conde mantenía la videoconferencia con los representantes de los trabajadores justo después de comparecer a petición propia en la Diputación Permanente del Parlamento gallego para abordar la crisis desatada en la Mariña lucense. Pese a que la oposición le preguntó en reiteradas ocasiones si la Xunta apoyaría una intervención pública en Alcoa San Cibrao, el conselleiro evitó pronunciar una respuesta clara al respecto. Sí quiso dejar constancia de que la principal intención de la Xunta es salvar la factoría y estar al lado de la plantilla. El Gobierno gallego, dijo, no dejará de «buscar todas las alternativas y cualquier medida que pueda dar una solución a sus empleos».
Pero el conselleiro insistió en la Cámara que para que Alcoa San Cibrao sea viable el principal escollo a superar es el precio de la energía. En una comparecencia muy crítica con el Gobierno central, Conde reiteró las medidas que, en su opinión, deberían ponerse en marcha. De un lado exigió al Ejecutivo de Sánchez que atienda las alegaciones presentadas por Galicia, Asturias y Cantabria al borrador del estatuto para las empresas electrointensivas. El documento con el que el Gobierno pretende abaratar la factura eléctrica (y que todavía no ha sido aprobado) tal como está redactado «es claramente insuficiente», dijo el conselleiro, para recordar las críticas tanto de la patronal de las electrointensivas o de los propios trabajadores al texto. El conselleiro explicó que el megavatio sigue estando en España 10 euros más caro que en Alemania y 8,3 euros más caro que en Francia, por lo que con estos precios es imposible que la producción de aluminio sea rentable.
Como había hecho el presidente de la Xunta el pasado fin de semana, el conselleiro también pidió al Gobierno de Sánchez que use parte de los 140.000 millones de euros que llegarán desde Europa para apoyar a las electrointensivas y se mostró muy crítico con la decisión de elaborar un plan para la automoción y dejar de lado a los trabajadores de San Cibrao. «Sería muy duro ver como se encuentra una solución a la planta de Nissan y no a Alcoa», reprochó. Conde criticó también al Gobierno porque en los últimos dos años no buscó una solución para las electrointensivas, que dan empleo a 5.000 familias en Galicia.
La oposición afeó al completo que no fuese el presidente de la Xunta el que acudiese al Parlamento a abordar la crisis de Alcoa y recriminó al conselleiro que culpe de todos los problemas al Gobierno central cuando Galicia tiene competencias plenas en materia industrial.
Mientras la Xunta pone el foco en el precio de la energía como principal causa del posible cierre de la planta de aluminio de Alcoa, el Gobierno central apunta a que existen «otros factores». La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó en el Congreso que en la crisis de Alcoa también influye la caída «espectacular» de la demanda de acero y aluminio a nivel mundial y el exceso de ofertas de productores chinos y turcos, informa Ep. En lo que respecta al precio de la electricidad, Ribera destacó que ha caído «dramáticamente» en los últimos dos años, desde los 65 euros por megavatio hora (MWh) que estaba a finales de 2018, hasta llegar a marcar durante la crisis del coronavirus 2 o 3 euros por megavatio hora (MWh).
La ministra explicó que junto a la titular de Industria, Reyes Maroto, buscan soluciones para la factoría de A Mariña. Un día antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desvelaba también en el Congreso que la intención es encontrar inversores que se hagan cargo de la factoría.
Además de reunirse con el conselleiro de Industria, el comité de empresa mantuvo también un encuentro con la empresa. La plantilla instó a la dirección de la compañía a retirar los despidos a la espera de la celebración de la mesa multilateral prevista para el próximo martes, en la que estarán representados tanto los trabajadores como la empresa, el Gobierno Central y la Xunta. En un vídeo remitido a los medios, el presidente del comité, José Antonio Zan, afirmó que es en ese foro «donde se deben solucionar los problemas». El sindicalista constató la «falta de voluntad de diálogo» por parte de Alcoa. «Ayer, el Ministerio a la pregunta sobre si quieren que se siga produciendo aluminio primario, tajantemente dijo sí. Hoy a la empresa cuando le hemos preguntado las respuestas fueron esquivas», criticó.
Desde la CIG, Paulo Carril también pidió que el diálogo se traslade a la mesa multilateral y acusó a la multinacional estadounidense de actuar de «mala fe, al precipitar un falso marco de diálogo en el que impone el calendario y asuntos a tratar, con la única decisión de cerrar y despedir sin voluntad real de buscar una solución».
