La venta de 14 edificios en el centro de la capital por la fundación Fusara (acrónimo de Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio) a un entramado de sociedades está ahora bajo investigación judicial. El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por los vecinos que, arrendados en estos inmuebles, se vieron afectados sorpresivamente por la enajenación de sus casas en verano. La magistrada, según consta en un auto firmado el pasado día 19, considera que pueden existir irregularidades en la operación y abre diligencias por los delitos de estafa, administración desleal y corrupción entre particulares.
La denuncia, presentada hace poco más de un mes, aludía a dos cuestiones. La primera era que la venta de los edificios, donados a principios del siglo XX para fines benéficos (el testamente dejaba a «los pobres de Madrid» como únicos herederos), podría desvirtuar el espíritu para el que se creó la fundación. La segunda, que el patronato de Fusara –Arzobispado de Madrid, Ayuntamiento de la capital, lDelegación del Gobierno y dos parroquias– presentaba deficiencias en su constitución y el firmante de la operación no estaba autorizado.
Así, la querella se dirigía a las 14 empresas que se crearon «ad hoc» para comprar los 14 inmuebles –aglutinadas en la matriz Tapiamar–; al administrador único de estas mercantiles, Roberto Juan González; al presidente del patronato y delegado del Arzobispado, David López Royo; al apoderado de Fusara, Ignacio Olmos; y al secretario, Manuel Fernández Clemente.
La juez destaca que la supuesta desnaturalización de los fines de la fundación tiene «difícil encaje» en algún tipo penal, además de estar prescrito, pues el cambio de los estatutos que se denuncia data de 2008. Tampoco ve delito en que la venta sea contraria a sus intereses, pues elegir esa opción en lugar del alquiler para mantener los centros a su cargo solo es discutible. Mientras que el precio sea acorde al mercado, añade, no existe responsabilidad de quienes ostentan cargos en Fusara.
Investigación judicial
El otro extremo de la denuncia, sin embargo, sí merece ser investigado para la instructora. Como informó ABC, el Registro de la Propiedad suspendió la inscripción de cinco de las fincas porque, entre otros trámites, no constaba en el registro de fundaciones los miembros del patronato. Habida cuenta de que «el firmante no ostenta poder válido», como alegaron los vecinos, la magistrada es contundente: «Es evidente que vender algo sin tener facultad de disposición del mismo y causando un perjuicio económico a tercero podría constituir un hecho delictivo (estafa) y que también merecería tal consideración el que teniendo facultad de administración las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas causando un perjuicio al patrimonio administrado (administración desleal). Y añade que se siga la causa por un delito de corrupción entre particulares.
La venta de los edificios ha estado desde el inicio bajo sospecha y salpicada de polémica. Tanto es así que López Royo dimitió de su cargo a finales de octubre, apenas días después de la publicación del caso por ABC, y los representantes de la Delegación del Gobierno y el Consistorio –María Paz García Vera y Mauricio Valiente– no sabían si habían acudido en la reunión en la que se autorizó la venta del patrimonio. Aunque en un primer momento dijeron que no o que «no les constaba», su rúbrica aparecía en el documento.
La magistrada, además, ha solicitado que el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid remita la escriura pública de constitución de Fusara, que certifique quiénes formaban parte del patronato en 2019 y entre, otras, que informe sobre cuantas inscripciones hayan tenido lugar este año en relación con la fundación. También que el protectorado de la fundación dé cuenta de las autorizaciones solicitadas en 2019, las comunicaciones recibidas y si se han llevado a cabo actividades de verificación de aplicación de los recursos a los fines fundacionales.
