Con la adición de un segundo párrafo al artículo 313 del Código Penal de Coahuila, el diputado Marcelo Torres Cofiño propone endurecer las penas para quienes incurran en usurpación de profesiones, especialmente cuando se ejerza la medicina sin contar con la cédula profesional.
En este sentido, el legislador señaló que se incluye a los charlatanes y curanderos que juegan con la fe de las personas prometiéndoles la cura de sus enfermedades.
"La protección de la salud y la vida de los ciudadanos es una de las tareas fundamentales del Estado, así está consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo primero de la Ley de Salud del Estado de Coahuila. Es por tanto, obligación del Estado, el vigilar que la atención médica sea llevada a cabo por profesionales debidamente acreditados en el área respectiva", expresó.
Mencionó aquellos casos que son difundidos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, en donde se da cuenta de la detención de personas que practican la medicina sin cédula médica, en clínicas clandestinas que se encuentran en condiciones sanitarias deplorables, en algunos casos, contando tan sólo con un diploma de naturista.
"Se trata pues, de un fenómeno que tiene una repercusión social importante y que, en virtud de la falta de reglamentación, es tierra fértil para que se presenten los casos de prácticas intrusas en la actividad médica en general, intervenciones estéticas, cosméticas y de cirugía plástica reconstructiva mediante procedimientos que influyen de forma relevante en la integridad del cuerpo humano”, expuso.
Lo que se pretende con esta iniciativa, explicó, es evitar lo que hoy en día, por los vacíos legales ha dado pie a la proliferación de médicos que, con un mínimo de preparación, efectúan procedimientos para los que no están capacitados, poniendo a la población en grave riesgo.
Con esta adición al Código Penal, se busca castigar a aquellos que ejercen profesiones relacionadas con la salud individual, por el peligro que la impericia podría originar para la salud de los particulares y aunque no se han definido los años que se pretenden aumentar de cárcel, explicó que se hará el análisis para el máximo y mínimo de las sanciones penales.
"Se trata de proteger un bien jurídico fundamental como lo es, el de la salud personal. Todo en aras de salvaguardar la vida y la salud de la ciudadanía, garantizando una atención médica con la mayor calidad posible", detalló.
